Por: Carina Elizondo.
El dictamen de contraloría social por el desvío de recursos en la casa ciudadana del partido Movimiento Ciudadano en Puerto Vallarta solo fue una suspensión por 15 días sin goce de sueldo a los funcionarios municipales que fueron evidenciados remozando la sede del MC en horario de trabajo y utilizando vehículos oficiales.
Durante la sesión de ayuntamiento, el regidor del PRI Andrés González Palomera cuestionó al alcalde sobre la investigación, obteniendo como respuesta que no se presentaron pruebas para actuar en contra del jefe de mantenimiento Eugenio González Marquez y el jefe de alumbrado público Aurelio Ávila.
En entrevista posterior, el presidente municipal, Arturo Dávalos Peña dijo confiar en el criterio de su contralor social Fernando Peña, prefiriendo no opinar sobre el delito penal cometido sancionado solo con la suspensión temporal de los funcionarios, quienes se responsabilizaron de los hechos señalando no haber recibido órdenes superiores por ejemplo del dirigente del MC y director de Desarrollo Económico Gustavo Fong, inmerso también en la investigación.
Caso contrario ocurrió cuando una funcionaria del área de relaciones públicas fue separada de su cargo por cometer una falta administrativa en el operativo Alcoholímetro, basados en fotografías como pudieron hacerlo también con la investigación respecto a la casa ciudadana en donde las evidencias circularon en redes sociales y medios de comunicación.
“Son dos cosas distintas y de acuerdo al dictamen de contraloría social y las pruebas y de las declaraciones de las personas que se citaron eso resultó, yo respeto el trabajo que hace cada uno de sus directores, y siempre y cuando se haya hecho el proceso de acuerdo al reglamento” argumentó el alcalde vallartense Davalos Peña.
