La reciente aprobación de la reforma electoral en Michoacán no es un avance democrático, como pretenden presentar sus impulsores, sino un retroceso preocupante, agresivo y claramente regresivo. Bajo el argumento de “fortalecer la certeza jurídica” y blindar los procesos electorales, el Congreso estatal ha dado luz verde a modificaciones que, en los hechos, restringen la participación política y ponen en riesgo la pluralidad que debería caracterizar a cualquier sistema democrático.