Este martes se cumplieron tres años de la desaparición forzada de 43 normalistas del estado de Guerrero
Por: Redacción Vallarta Independiente. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) reiteró su exigencia de “verdad, justicia y reparación” en el caso Ayotzinapa, “para que no haya olvido ni impunidad”.
De igual manera, advirtió que mantiene abierta su investigación para determinar violaciones a derechos humanos, y demandó a la autoridad que en su indagatoria considere todos los aspectos sustentados en elementos objetivos y científicos, y no la dé por concluida hasta esclarecer el destino de los normalistas desaparecidos.
Al paso de tres años de que ocurrieron los hechos relacionados con la desaparición de 43 normalistas en Iguala, Guerrero, apuntó, las víctimas y sus familiares aún no encuentran las respuestas que buscan.
Por ello, refrendó su compromiso con las víctimas y familiares de los normalistas, así como con los del colectivo Avispones de Chilpancingo y las víctimas de eventos paralelos, “para que estos hechos sean atendidos a cabalidad desde cuatro ejes fundamentales: derecho a la verdad, derecho a la justicia, reparación integral del daño a las víctimas y sus familiares, y las garantías de no repetición”.
Un sospechoso al que nadie busca
Pese a que la Oficina de Investigación del Caso Iguala, a cargo de Alfredo Higuera Bernal, tiene un equipo de 90 agentes y ya se ha detenido a 170 personas –de las cuales sólo 70 están directamente relacionadas con la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa el 26 de septiembre de 2014–, las acciones del gobierno no han dado resultados.
Hasta ahora esa oficina no ha logrado más que acumular fojas con algunas solicitudes de información sobre algunas personas que los padres y madres de los normalistas desaparecidos consideran que deben ser llamadas a cuentas, según un escrito en el que solicitaban unas 140 diligencias con base en indicios extraídos de la indagatoria PGR/SDHPDSC/O1/2015.
En el escrito ingresado al expediente en febrero del año pasado, los familiares de las víctimas y sus representantes advertían que “no sólo no se ha terminado de esclarecer el acto criminal; ni siquiera han comenzado a dilucidarse las relaciones que se dieron tanto en el grupo criminal como con actores políticos”.
El documento se refiere a la participación de militares en el cártel Guerreros Unidos, grupo criminal cuya estructura de mando estaba formada por los hermanos José Alfredo, Mario y Sidronio Casarrubias Salgado, así como por Adán Zenén, procesados todos por la Procuraduría General de la República (PGR).
La PGR no ha establecido el vínculo, pese a que desde el 27 de mayo de 2016 la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) –en respuesta a una solicitud de la oficina de Higuera Bernal– informó que José Alfredo Casarrubias Salgado causó alta en el Ejército el 1 de septiembre de 1982 y que actualmente tiene el grado de capitán. (Con información de Proceso)
