Puigdemont viaja a Bruselas en busca de asilo político

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Es señalado de rebelión sedición y malversación de recursos públicos luego de declarar unilateralmente la independencia de Cataluña

Por: Redacción Vallarta Independiente. El presidente cesado de Cataluña, Carles Puigdemont, y cinco miembros de su Govern, viajaron este lunes a Bruselas, el mismo día que la Fiscalía General del Estado presentó querellas ante la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo contra Puigdemont, su gobierno y los miembros de la Mesa del Parlament catalán por rebelión, sedición y malversación de caudales (recursos) públicos, por su responsabilidad en la declaración de independencia de Cataluña.

Algunos medios españoles (la televisora LaSexta y El Periódico de Cataluña) afirman que Puigdemont y su equipo podría solicitar asilo político en Bruselas.

Sin embargo, fuentes independentistas afirman que Puigdemont y su equipo buscan “internacionalizar” las acciones judiciales del gobierno de Rajoy en su contra. Por recomendación de sus abogados, se trasladó a Bélgica, país que tendría que posicionarse en torno a las acusaciones contra Puigdemont.

Por rebelión y sedición

La Fiscalía General del Estado español se querelló el lunes por rebelión, sedición y malversación de fondos públicos contra el destituido presidente catalán Carles Puigdemont y su gobierno por la declaración unilateral de independencia proclamada el pasado viernes en la región.

El fiscal general, José Manuel Maza, anunció en una comparecencia que la querella se extenderá también contra la presidenta del Parlamento catalán, Carme Forcadell, y los miembros de la mesa.

En su querella, Maza define el delito de rebelión como el “más grave” que puede cometerse contra el Estado y sus “principales instituciones”. Asimismo, agregó que “con sus acuerdos, posibilitaron la tramitación de los proyectos esenciales para el desarrollo y la culminación del proceso independentista”.

Los querellados serán citados próximamente a declarar, tras lo que se les podrían aplicar medidas cautelares, que podrían incluir fianza y embargo de bienes por hasta 6.207.450 euros. El proceso contra el Gobierno catalán se realizará en la Audiencia Nacional y el segundo caso será tratado por el Tribunal Supremo. (Con información de Proceso/Reuters)

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