A pesar de la inyección de recursos, en los últimos 14 meses se reportó un incremento de 31% en carpetas de investigación por casos de desaparición.
En marzo de 2019 el gobernador del Estado dio a conocer su plan para atender el tema de las desapariciones en Jalisco, mismo que dijo, era de prioridad. Para ello, su principal apuesta fue incrementar el presupuesto asignado a la atención de este problema.
Ese mes el gobernador anunció que la Fiscalía Especializada en la Materia pasaría de 17.2 millones de pesos en 2018 a 84.4 millones en 2019; la Comisión de Búsqueda aumentó de cinco a 30 millones de pesos y el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF) alcanzó los 213 millones de pesos, comparados con los 178.8 millones recibidos un año anterior.
En total dichas dependencias de esta área de atención pasaron de 201 millones de pesos en 2018 a 327 millones en 2019, mientras que este 2020 ascendió a los 369.5 millones (gracias al alza que se le otorgó al IJCF).
Pocos días después, también en el mes de marzo se presentó el Sistema de Información Sobre Víctimas de Desaparición (Sisovid), el cual reportaba que en ese momento había un total de siete mil 117 personas reportadas como desaparecidas o no localizadas.
Sin embargo, al corte del 31 de mayo de este año, la cifra asciende a nueve mil 341 personas de las cuales hasta la fecha se desconoce su paradero.
Los datos representan que en poco más de un año se reportó la desaparición de otras dos mil 224 personas, es decir, que en 14 meses las víctimas de este delito incrementaron en 31%, pese al aumento de presupuesto.
