De acuerdo a una investigación de Mexicanos Contra la Corrupción, las empresas de Lomelí Bolaños obtuvieron 56 adjudicaciones directas después del veto impuesto en 2019.
A Laboratorios Solfrán la vetaron hace dos años de las compras públicas, pero eso no impidió que los medicamentos fabricados por la empresa del ex súper delegado en Jalisco Carlos Lomelí se siguieran vendiendo al Gobierno federal.
Solfrán utilizó una red de intermediarias para eludir la sanción aplicada por la Secretaría de la Función Pública (SFP) en septiembre de 2019, la cual le impedía vender sus productos por haber falseado información al participar en contrataciones públicas.
Tan sólo 7 de sus distribuidores obtuvieron 57 contratos posteriores a la sanción, por 11.5 millones de pesos, para vender los fármacos de Solfrán al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), según una investigación de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI). Sólo uno de esos contratos se dio por licitación, los otros 56 fueron adjudicaciones directas.
La empresa de Lomelí vendió sus medicamentos a través de una red nacional de intermediarios, ubicados en Nuevo León, Tamaulipas, Tabasco, Aguascalientes y la Ciudad de México.
Documentos obtenidos por MCCI muestran que a los pocos días de que la SFP anunció la sanción, el laboratorio propiedad del ex candidato a Gobernador de Jalisco por Morena emitió oficios de respaldo a dos de sus distribuidores, para que enviaran cotizaciones al IMSS de su producto Kendragel, una medicina para la acidez estomacal registrada por Solfrán ante la Comisión Federal de Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris). De esa forma, pudo seguir vendiendo su producto, pese a la inhabilitación.
En mayo de 2019, MCCI informó que 9 empresas farmacéuticas vinculadas con Carlos Lomelí, habían obtenido en 7 años más de 2 mil 263 millones de pesos en contratos gubernamentales.
De las nueve empresas, sólo cuatro fueron reconocidas por Lomelí como propias, una de ellas Solfrán.
La SFP inició una investigación sobre los contratos y el 13 de septiembre de 2019 publicó en el Diario Oficial de la Federación una resolución en la que ordenó a cualquier dependencia gubernamental abstenerse de contratar a Solfrán por un plazo de 2 años y medio.
Ese mismo día, la SFP precisó en un comunicado que se había castigado a Solfrán por haber falseado información al participar en contrataciones públicas.
Fuente Mural
