El dinero para rotular camiones de basura nuevos deberá ser repuesto y las unidades tendrán que ser despintadas, indicó la regidora Lupita Guerrero.
Lo anterior se debe a que, de acuerdo con la regidora, se trata de una violación del acuerdo legislativo 251/2022 que se aprobó en noviembre, luego de la iniciativa presentada por los regidores Cristian Robles y Claudia Íñiguez.
Por ello, solicitó que se establezcan responsabilidades, pues ese dinero pudo ser usado para otro gasto, como la reparación de luminarias, limpieza de parques o hasta mantenimiento de vehículos.
La regidora señala que ya ninguna administración puede gastar en rótulos, pues se aprobaron colores institucionales para la ciudad.
Esto ya se había recordado en sesión de cabildo
El pasado 30 de junio, la regidora Lupita Guerrero presentó una serie de diapositivas sobre la rotulación de vehículos y en una de ellas se podía leer lo siguiente:
“Con referente a los vehículos utilitarios que están asignados a todas las dependencias que se utilizan como medio operativo, dentro del ayuntamiento se pide que el vehículo sea blanco con engomado de vinil color negro que contará el escudo de Puerto Vallarta, número de unidad y dependencia. De la misma manera, los camiones de basura con la misma temática. *Acuerdo edilicio N.º 147/2022”.
Esto, explica la regidora Guerrero, tiene la finalidad de inhibir gastos en cada cambio de administración con nuevos colores para patrullas, vehículos utilitarios, áreas y edificios públicos, aprobándose a turnar para su estudio bajo acuerdo N.º 147/2022 que se desarrolló en 7 comisiones edilicias y una transitoria.
“Con esto cuidamos los gastos innecesarios, desmedidos e inútiles para el erario público. Se solicita la instrucción al contador municipal para que inicie los procedimientos de responsabilidad administrativa para quien resulte responsable de haber incumplido el acuerdo legislativo 251/2022 y haya ordenado rotular los camiones con los colores de la presente administración”, explicó la edil.
A su vez, ordenó la reparación del daño ocasionado al erario público.
