El ex gobernador de Nayarit, Roberto Sandoval, seguirá en prisión preventiva justificada, recluido en la penal federal El Rincón. Así lo determinó un juez de Control del Centro de Justicia Penal Federal en Nayarit a principios de agosto.
Sandoval lleva dos años con la medida cautelar después de haber pasado tres meses prófugo por un extenso repertorio de señalamientos, y tener 3 causas judiciales en su contra.
Dichos señalamientos en su contra se remontan a que, supuestamente, Sandoval pudo haber condicionado la entrega de apoyos del Programa de Seguridad Alimentaria (PROSA) a cambio de que sus subalternos votaran por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) en las elecciones de 2017, cuando todavía era gobernador.
La decisión se da luego de que una jueza federal se negara a modificar la medida como lo había solicitado la defensa de Sandoval Castañeda. Cabe destacar que fue presentado un amparo ante el Juzgado Primero de Distrito y días después, un recurso de queja que ya fue resuelto por el Primer Tribunal Colegiado en Tepic, en el sentido de no quitar la prisión justificada.
¿Qué dijo el Tribunal Colegiado sobre Roberto Sandoval?
Dentro del Tribunal Colegiado se encuentran narraciones como esta:
“Igualmente señaló, no es un hecho desconocido para toda la sociedad que en las últimas décadas, los índices de corrupción en el sistema de gobierno han alcanzado niveles muy altos, que cada vez se han ido incrementando y, que incluso, los escándalos que ello ha provocado no sólo ha sido un tema nacional sino internacional, pone de relieve que la colectividad, por el contrario, sí está interesada en que todo funcionario que se vea involucrado en este tipo de actos, sea oportunamente juzgado y sancionado, sin que exista la posibilidad de que pueda sustraerse de la acción de la justicia por virtud de la concesión de una medida cautelar que le permita continuar su proceso en libertad, ante la existencia de vestigios de sustracción”
La causa penal que sigue al ex gobernador en el ámbito federal es por el probable delito de operaciones con recursos de procedencia ilegal.
Según la Fiscalía General de la República (FGR), Sandoval habría comprado cinco propiedades valuadas en un precio superior a los 222 millones de pesos que, además, habrían sido adquiridas a nombre de s Lidy Alejandra, su hija, quien no pudo haber posibilidades de cubrir los gastos debido a que cuando ocurrieron las operaciones era una estudiante en la universidad.
La resolución indica que el hecho de que hayan pasado dos años de su encarcelamiento no significa que “el imputado pueda o deba obtener su libertad de facto; dado que, como incluso lo refiere el disconforme, de acuerdo con lo establecido en los criterios sustentados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cada caso tiene sus particularidades, y en todo caso, son las que, de manera eventual, tienen que ser analizadas para determinar lo conducente.”