Algunas figuras políticas de Nayarit están gastando los impuestos de la ciudadanía sin ningún tipo de matiz para sus campañas anticipadas y prueba de ello es lo visto con Mirtha Villalvazo, presidenta municipal de Bahía de Banderas, quien tiene publicidad en camiones que circulan por el área bahiabanderense.
De acuerdo con el Instituto Nacional Electoral de Nayarit, los plazos para campañas y precampañas en el estado que se tienen aprobados son los siguientes:
- Precampaña para Diputaciones, Ayuntamientos y Regidurías: del 22 de enero al 10 de febrero de 2024
- Campaña para Diputaciones, Ayuntamientos y Regidurías: del 30 de abril al 29 de mayo de 2024
En el caso de Mirtha Villalvazo, se trata de la promoción de su segundo informe de gobierno, un acto catalogado como “propaganda electoral” por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
De acuerdo con este organismo, se entiende por “propaganda electoral”: “el conjunto de imágenes, escritos, grabaciones, publicaciones, proyecciones y expresiones que durante la campaña electoral producen y difunden los candidatos registrados y sus simpatizantes o los partidos políticos, con la finalidad de presentar ante la ciudadanía las candidaturas registradas”.
Lo de Mirtha puede ser considerado proselitismo debido a que se trata de un empeño o afán con que una persona (en este caso Villalvazo) trata de convencer y ganar seguidores o partidarios para una causa o una doctrina y eso es un delito, según la Fiscalía Especializada para la Atención de los Delitos Electorales (FEPADE).
“Sigue lo mejor”, se puede leer en los anuncios de la presidenta de BadeBa en camiones o espectaculares y si se toma en cuenta que son impuestos de la ciudadanía, entonces su comportamiento cae en un delito electoral, pues FEPADE lo considera como: destinar, utilizar, o permitir la utilización de recursos públicos con fines electorales.
Además, la frase podría entenderse como un mensaje subliminal a una continuidad de su gestión, pues ha mencionado con anterioridad que planea reelegirse.
La ley obliga a presentar el informe, pero no a malgastar los recursos en campañas disfrazadas con “pan y circo”
En palabras de la Ley General en Materia de Delitos Electorales, establece distintas sanciones para quienes cometan estos delitos, que van desde la destitución e inhabilitación de 2 a 6 años, hasta la multa de 200 a 400 días y prisión de 2 a 9 años.
