El incremento en las tarifas de los servicios del DIF Vallarta ha generado una carga económica insostenible para las familias más necesitadas, que ahora enfrentan serias dificultades para acceder a terapias psicológicas y otros servicios.
El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) de Puerto Vallarta ha sido, por décadas, un pilar fundamental para el bienestar de los ciudadanos. Sin embargo, el reciente aumento en las tarifas de sus servicios, aprobado por el patronato bajo la dirigencia de María de Jesús López Delgado, está teniendo un efecto devastador en la vida de quienes dependen de estos servicios para su salud mental y emocional.
A través de una denuncia enviada al medio Vallarta Independiente, una ciudadana expuso la situación que atraviesan muchas familias a raíz de estos incrementos. “En lo que va del año, el pago de la terapia psicológica en el DIF ha subido dos veces” denunció. Esta escalada en los precios ha provocado que muchas personas, que antes podían acceder a estas terapias, se vean ahora forzadas a abandonarlas debido a la falta de recursos económicos.
El caso de los abuelos de la denunciante es un ejemplo de lo que atraviesan muchas familias. De pagar 100 pesos por las dos terapias semanales, ahora deben desembolsar 200 pesos, un incremento considerable para quienes viven con ingresos limitados. “Ellos asisten dos veces a la semana, lo que significa un gasto de 600 pesos semanales, cuando antes no pagaba“, explicó la ciudadana en su denuncia.
Los recibos presentados como evidencia revelan un patrón preocupante. Mientras que en mayo los servicios eran prácticamente gratuitos, los incrementos han sido constantes y, para muchos, imposibles de asumir. En el recibo con fecha del 8 de mayo, el pago es de 50 pesos, mientras que en el último, fechado el 17 de junio, la usuaria pagó 100 pesos por la terapia psicológica.
El patronato del DIF Vallarta, al aprobar estos incrementos, parece haber perdido de vista la realidad económica de las familias que dependen de sus servicios. Es comprensible que las instituciones enfrenten presiones financieras y necesiten ajustar sus tarifas, pero estos ajustes no deben realizarse a expensas de la población más vulnerable.
En un momento donde la salud mental debería ser una prioridad, es inadmisible que se pongan obstáculos financieros que impidan a las personas acceder a la ayuda que necesitan.
