A seis meses de que el regidor Milton Martínez presentara una iniciativa para fortalecer la estructura orgánica de la sindicatura municipal y dotarla así de más recurso humano, tecnológico y financiero; el proyecto sigue sin subir a cabildo para su discusión y votación. Tomando en cuenta que la sindicatura es quien se encarga de ver que todo lo que se haga en el ayuntamiento sea legal ¿Habrá algún motivo oculto por el cual no quieran reforzar esta área en particular?
Hace seis meses aproximadamente el regidor Milton Martínez formuló un proyecto en el que plantea el fortalecimiento de la estructura orgánica de la sindicatura municipal de Bahía de Banderas, ya que considera que muchas funciones de gran relevancia recaen en la figura del síndico y no tiene el apoyo suficiente para llevarlas a cabo.
La iniciativa fue presentada al ayuntamiento de Bahía y a autoridades estatales, y contempla el reforzamiento de esta área con la creación de los siguientes departamentos:
- Dirección jurídica municipal.
- Consejería jurídica (de aquí se desprenden la oficina de lo contencioso-administrativo; oficina del trabajo; y la oficina de contratos y convenios).
- Procuraduría Social.
- Órgano de Inspección y Vigilancia (que tendrá como unidades auxiliares a: la Unidad de Vigilancia de la Cuenta Pública y Hacienda Municipal; Unidad de Registro Patrimonial; y la Unidad de Regularización de Predios).
- Coordinación de Regularización de predios.
Tomando en cuenta que es sindicatura la entidad encargada de vigilar que todo lo relacionado al gobierno municipal se realice bajo las normativas correspondientes y en apego total al marco legal, se esperaba que esta propuesta fuera rápidamente subida al cabildo para su análisis, discusión y votación; sin embargo, esto no ha sido así.
El proyecto parece estar congelado y solo el regidor Martínez y la síndica Daniela Sahagún han hablado públicamente de él, los demás regidores y el propio alcalde no parecen tener mucho interés en el tema.
Si tomamos en cuenta que la síndica ha expresado en reiteradas ocasiones que hay contratos ejecutados sin estar debidamente legalizados ¿Habrá algo más que no quieran que se sepa y por eso tienen frenada la iniciativa? ¿Será acaso “miedo”?
