El exdirector del portal Tribuna, Jorge González Valdez, denuncia una persecución orquestada por el gobierno de Layda Sansores, tras ser vinculado a proceso por incitación al odio y la prohibición de ejercer el periodismo, todo esto por cuestionar las acciones de Sansores al frente del gobierno.
Jorge González Valdez, exdirector del portal Tribuna y periodista con más de 50 años de trayectoria, denunció en una entrevista con Ciro Gómez Leyva que enfrenta una persecución orquestada por el gobierno de Layda Sansores. La denuncia surge después de que una jueza estatal lo vinculara a proceso el pasado 9 de abril por cargos de incitación al odio y violencia en contra de la gobernadora de Campeche.
Las medidas judiciales dictadas contra González Valdez incluyen el cierre del portal Tribuna, la prohibición de ejercer el periodismo por dos años y una indemnización de dos millones de pesos por daño moral al Director de Comunicación Social del estado, Walther Patrón Bacab. Además, la jueza ordenó el embargo de algunas de sus propiedades.
González Valdez afirmó que este procedimiento es una represalia en el marco de una “persecución” de Sansores contra las voces críticas en el estado. “Desde que comenzó el gobierno de la señora Sansores, los campechanos hemos visto que la libertad de prensa y expresión están totalmente amenazadas“, señaló. A pesar de haberse jubilado en 2017, el periodista mantiene un programa de radio semanal, y aún así enfrenta denuncias penales, civiles y electorales, que considera parte de una “estrategia de acoso jurídico”.
El exdirector de Tribuna relató que le indicó a la jueza que no es el director del medio desde 2017, pero insiste en que “ellos están empeñados en dejar sin voces críticas a Campeche”. Asimismo, denunció haber encontrado en la puerta de su casa un ultimátum que le daba 15 días para liquidar los dos millones de pesos bajo amenaza de embargo de su vivienda, lo que considera una “total violación al derecho”.
González Valdez argumentó que el procedimiento carece de imparcialidad, sugiriendo que algunos jueces involucrados “reciben línea directa de la gobernadora”. Frente a esta situación, afirmó que agotará todos los recursos legales, incluido el juicio de amparo.
Diversas organizaciones han calificado este hecho como un acto de censura, autoritarismo y un precedente importante para la libertad de expresión en Campeche.
