Seis organizaciones, entras Defensorxs A.C., presentaron impugnaciones por la elección de ministros y magistrados, acusando intervención por parte del Ejecutivo federal y graves irregularidades en el proceso.
Este jueves 19 de junio, el presidente de Defensorxs A.C., Miguel Alfonso Meza, junto con representantes de otras cinco organizaciones civiles, impugnaron formalmente la reciente elección judicial ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), al considerar que el proceso fue manipulado desde el Ejecutivo federal.
🚨URGENTE🚨
Organizaciones de la sociedad civil como @PROJUCmx, @Eleccionesymas, @Practica_Lab, @Consejo_Litigio y @DefensorxsAC nos dirigimos al @INEMexico para acompañar la impugnación de una elección que nació podrida.
La llamada “elección judicial” fue una farsa desde el… pic.twitter.com/CTC18wUto1
— José Mario de la Garza (@Josemdlg) June 19, 2025
En un comunicado, las organizaciones denunciaron que hubo una “operación de Estado” que no solo influyó, sino que determinó el resultado de las tres elecciones nacionales relacionadas con el Poder Judicial:
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La elección de nueve ministros de la SCJN,
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La de cinco magistrados del Tribunal de Disciplina Judicial, y
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La de dos magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
La impugnación, que consta de más de 300 páginas y 200 pruebas documentales, fue respaldada por las organizaciones Poder MX, Elecciones y Más, PROJUC MX, Consejo de Litigio Estratégico, Práctica Laboratorio y Defensorxs A.C.
Según el documento, se detectaron múltiples irregularidades, entre ellas:
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La distribución de “acordeones” con los nombres de los candidatos oficiales en todo el país, presuntamente promovidos desde la presidencia.
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El 100% de los candidatos incluidos en estos acordeones resultaron electos, lo que, a juicio de los promoventes, confirma una intervención directa e ilegal.
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Fallas en la evaluación de perfiles, con al menos 26 candidatos considerados “altamente riesgosos”.
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Inicio del proceso sin reglas claras ni mecanismos de fiscalización ciudadana.
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Inequidad en el valor del voto, ya que, por ejemplo, el voto de un ciudadano en la Ciudad de México valdría cinco veces más que el de uno del Estado de México.
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Ventajas indebidas para ciertos aspirantes, que incluso ganaron sin competencia real.
Miguel Alfonso Meza enfatizó que el objetivo no es únicamente invalidar los resultados, sino sentar un precedente histórico que impida futuras imposiciones desde el poder Ejecutivo.
“No puede repetirse una elección donde la presidencia, y no la ciudadanía, elija a los ganadores. Exigimos un proceso verdaderamente democrático, transparente y justo”, sentenció.
La impugnación fue entregada al TEPJF y a la SCJN, quienes deberán determinar si se abre un procedimiento para revisar la legalidad de las elecciones señaladas. Las organizaciones anticiparon que continuarán la lucha jurídica y mediática hasta obtener una respuesta institucional.
