Con 77 votos a favor y 30 en contra, el Senado aprobó la nueva Ley de Telecomunicaciones. Entre los puntos más polémicos, se permite la geolocalización en tiempo real de todos los teléfonos celulares de los ciudadanos sin una orden judicial y la suspensión de contenido en radio y televisión que ‘viole’ los derechos de las audiencias.
En una sesión marcada por un intenso y prolongado debate, el Senado de la República aprobó en lo general y en lo particular el dictamen que expide la nueva Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión, con 71 votos a favor de Morena, PT, PVEM y Movimiento Ciudadano, y 29 en contra del PAN y PRI. La iniciativa, impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum, introduce una profunda reestructura del marco regulatorio del sector, tras incorporar cerca de 70 modificaciones al dictamen original.
Uno de los cambios más relevantes es la desaparición del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), cuyas funciones serán asumidas por la nueva Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT), que se encargará de regular, promover y supervisar el uso del espectro radioeléctrico, así como garantizar el acceso universal a las tecnologías de la información.
También se crea la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT), órgano técnico y autónomo dependiente de la ATDT, que contará con un pleno de cinco integrantes y facultades para dictar medidas precautorias, imponer sanciones y declarar la pérdida de bienes en beneficio de la nación.
Durante el debate, uno de los ajustes más relevantes fue la eliminación del artículo 109, que originalmente abría la puerta al bloqueo temporal de plataformas digitales, lo cual generó fuertes cuestionamientos por el riesgo de censura. Sin embargo, se mantuvo el artículo 209, fracción IX, que faculta a la Secretaría de Gobernación a suspender precautoriamente la transmisión de publicidad de gobiernos extranjeros, exceptuando contenidos culturales, turísticos o deportivos.
Reacciones encontradas en el Pleno
El dictamen generó posturas divididas en la Cámara Alta. Legisladores del PRI y PAN rechazaron la aprobación del dictamen. Alejandro Moreno, dirigente nacional del PRI, calificó la reforma como una “Ley Censura”, acusando al oficialismo de atentar contra la libertad de expresión y de construir un modelo de vigilancia estatal. El panista Ricardo Anaya advirtió que la legislación permite la geolocalización de usuarios en tiempo real y somete a los medios a presiones indebidas.
“No podemos acompañar una legislación que va a permitir que espíen la ubicación de los ciudadanos; no podemos acompañar una legislación que le va a poner una pistola en la cabeza a las televisoras y a los radiodifusores para que no publiquen lo que al régimen le incomoda.. Lo denunciamos, era la Ley Censura y la Ley Censura se queda y por eso nuestro voto será en contra”, indicó Anaya.
Por el contrario, legisladores oficialistas defendieron la reforma. Lizeth Sánchez García, del PT, señaló que la nueva ley combate la desigualdad digital, garantiza derechos fundamentales y se construyó mediante un proceso de diálogo, sin imponer una sola visión. En la misma línea, Waldo Fernández González, del PVEM, aseguró que con esta reforma el acceso a internet se transforma en una política pública de carácter social, consolidando al Estado como garante de conectividad universal.
Desde Movimiento Ciudadano, la senadora Alejandra Barrales reconoció que la mayoría legislativa corrigió aspectos preocupantes, como el exceso de facultades concentradas en una sola figura dentro de la ATDT, reduciéndolas de 66 a nueve. “Esta ley no espía, no persigue, no censura, lo que hace es garantizar que el internet y la comunicación sirvan al pueblo, no a los intereses de unos cuantos”, afirmó Barrales.
Avances y nuevas disposiciones
Además de la restructuración institucional, el dictamen incluye:
- Prohibición de propaganda disfrazada de contenido informativo.
- Permite la geolocalización en tiempo real de los teléfonos celulares de los ciudadanos sin una orden judicial
- Suspensión de transmisiones de radio y televisión bajo el argumento de ‘violar’ los derechos de las audiencias.
- Facultades regulatorias para la ATDT, como la promoción de tecnologías emergentes, plataformas de prueba y redes inteligentes.
- Impulso a medios comunitarios, indígenas y sin fines de lucro, con herramientas para asegurar su viabilidad financiera.
- Fortalecimiento de los derechos de las audiencias, con mecanismos efectivos para evitar la desinformación y proteger la pluralidad.
- Procedimientos para que concesionarios accedan a descuentos fiscales a cambio de ampliar cobertura en zonas marginadas.
- Inclusión de medidas para garantizar el acceso a telecomunicaciones a personas con discapacidad, sin discriminación.
Finalmente, se informó que el dictamen es resultado de cinco conversatorios públicos y del análisis de propuestas de más de 80 especialistas, lo que permitió modificar sustancialmente el documento inicial y eliminar elementos que generaban mayor controversia.
