El programa de salud municipal “Doctor Tucán” en Puerto Vallarta ofrece servicios gratuitos con un presupuesto de más de 57 millones de pesos, pero su cobertura es limitada a solo 40 mil de los más de 300 mil vallarteneses, eso y la falta de transparencia generan serias dudas sobre su eficiencia.
El programa “Clínica Médica de Puerto Vallarta Doctor Tucán” fue presentado como una solución para atender a la población sin acceso a servicios de salud. No obstante, al analizar sus reglas de operación y cifras presupuestales, el proyecto levanta cuestionamientos sobre su bajo alcance, su elevado costo y la limitada transparencia en su implementación.
De acuerdo con el propio documento oficial, el programa está dirigido a 40 mil personas con posibilidad de incluir hasta dos menores por cada adulto afiliado, en un municipio con 291,839 habitantes sin afiliación a servicios de salud, según sus propias cifras. Sin embargo, el mejor de los casos, menos del 14% de la población potencialmente vulnerable será atendida, dejando sin cobertura a más de 250 mil ciudadanos.
Este alcance limitado se suma el presupuesto aprobado de 57.2 millones de pesos, destinado a operar dos clínicas fijas y dos móviles durante 2025. Este gasto representa un costo promedio superior a 1,400 pesos por persona beneficiada, sin contar los costos indirectos de operación, administración, difusión y supervisión. Si bien el programa promete servicios integrales (consultas ilimitadas, medicamentos, estudios y lentes), no justifica de forma clara la relación costo-beneficio, especialmente considerando las condiciones económicas del municipio y el rezago en otras áreas críticas.
Por otro lado, las lagunas en materia de transparencia son preocupantes. Aunque se menciona que la Dirección de Promoción de la Salud será responsable del seguimiento, el control de calidad y el resguardo de la documentación, no se establecen mecanismos independientes ni auditorías obligatorias públicas que garanticen el uso correcto del presupuesto. Tampoco se detallan criterios técnicos para la contratación de personal médico o proveedores.
El programa incorpora una cláusula que exime al Ayuntamiento de cualquier responsabilidad legal ante deficiencias en la prestación del servicio, trasladando esa carga al proveedor médico. Esta medida, aunque legalmente válida, genera inquietudes respecto a la rendición de cuentas ante la ciudadanía.
Aunque este programa tiene como objetivo la idea de impulsar acciones básicas de salud, solo unos pocos son beneficiados, cuesta mucho y aún no se tiene de manera clara la transparencia de como se usa el dinero.
