En una audiencia celebrada la tarde del miércoles 13 de agosto en los Juzgados del Octavo Distrito Judicial de Control y Oralidad de Puerto Vallarta, se autorizó de manera parcial la suspensión condicional del proceso a Galilea Guadalupe “N”, vinculada por los delitos de ejercicio indebido y abandono del servicio público, y a Jorge Alonso “N”, vinculado por uso ilícito de atribuciones y facultades.
Sin embargo, el juez negó a ambos la suspensión condicional por el delito de peculado, por el que también fueron señalados. Además, aprobó la reparación del daño presentado por la defensa, por lo que ambos exservidores públicos deberán pagar en conjunto 7,107 pesos al Ayuntamiento de Puerto Vallarta y, adicionalmente, realizar cada uno un donativo de 8,000 pesos a la Casa Hogar Máximo Cornejo.
Asimismo, se fijaron las condiciones que deberán cumplir durante los próximos seis meses: residir en sus domicilios registrados, tomar un curso de derechos humanos y presentarse a firmar de manera periódica. También tendrán prohibido ejercer cargos en el servicio público durante ese periodo.
Los hechos que dieron lugar a su vinculación ocurrieron en 2024, cuando Galilea Guadalupe “N” aceptó el nombramiento como abogada en la jefatura de Proveeduría, a pesar de no contar con el título profesional requerido para desempeñar el puesto, como lo establece la normativa vigente.
