Ante el Congreso de Jalisco, se presentó una iniciativa de ley que obligaría a todos los servidores públicos de elección popular, gobernador, diputadas y diputados, presidentes municipales, síndicos y regidores a someterse a exámenes toxicológicos de manera periódica.
La propuesta busca que los funcionarios se realicen pruebas semestrales y aleatorias de detección de drogas de abuso, mismas que serían costeadas con recursos propios de cada servidor público, sin representar gasto alguno para el erario.
El planteamiento se sustenta en estudios recientes sobre la desconfianza ciudadana. Algunos de estos sustentos es el Latinobarómetro 2023, el cual indica que, sólo el 48% de los encuestados en México expresó satisfacción con la democracia, mientras que observatorios locales como “Jalisco Cómo Vamos” han documentado altos niveles de inconformidad con el desempeño de los gobiernos municipales.
Esta medida ya se aplica en entidades como Baja California, donde los servidores públicos de primer nivel están obligados a someterse anualmente a pruebas antidoping. De igual forma, en Coahuila, alcaldes y miembros de sus gabinetes han participado públicamente en estas evaluaciones.
La propuesta presentada por la diputada Yussara Canales, será turnada a comisiones para su análisis y eventual dictaminación. De aprobarse, Jalisco se convertiría en uno de los primeros estados en México en exigir controles toxicológicos obligatorios y periódicos a todos los funcionarios electos por voto popular.
