La Auditoría Superior del Estado de Jalisco (ASEJ) detectó irregularidades por más de 640 millones de pesos en la Cuenta Pública 2023 del Ayuntamiento de Puerto Vallarta, correspondiente al periodo en que la administración municipal estuvo a cargo de Luis Alberto Michel Rodríguez.
De acuerdo con el Informe de la ASEJ, se determinaron 118 acciones, de las cuales 107 fueron observaciones en materia financiera, de obra pública y urbanización, con un monto observado global de $644.3 millones de pesos.
Las observaciones más relevantes se concentraron en los rubros financiero, fraccionamientos y obra pública, aunque destacan varios casos específicos por su monto o por la falta de documentación comprobatoria.
Las principales irregularidades detectadas fueron: la adquisición de terrenos por $83,169,961.00, sin contar con documentación que justifique plenamente la erogación del gasto, pagos realizados sin soportes documentales suficientes por $17,657,520.00; algunos fueron aclarados parcialmente, pero permanecen con observación formal; inconsistencias en impuesto sobre negocios jurídicos pertenecientes a los ingresos registrados y la documentación de respaldo equivalentes a $16,740,163.99, contratación de servicios legales, contables y de auditoría por $16,530,937.75, sin documentación comprobatoria suficiente.
Entre los señalamientos más relevantes se encuentran más de 12 millones de pesos en “ayudas sociales” sin justificación documental. Los casos fueron turnados a investigación por posibles responsabilidades administrativas o resarcitorias.
En materia de desempeño, la ASEJ informó que, aunque el municipio reportó un cumplimiento de metas del 101.1%, solo 24.29% de los indicadores fueron considerados consistentes, lo que refleja deficiencias en la planeación y evaluación de resultados.
La auditoría determinó que los estados financieros presentan razonabilidad, pero advirtió irregularidades significativas en la gestión del gasto público y en la transparencia de los procesos administrativos.
Asimismo, se emitieron 11 recomendaciones, la mayoría en materia financiera, orientadas a fortalecer los mecanismos de control interno y la planeación presupuestaria.
Las observaciones permanecerán bajo seguimiento e investigación por parte de las autoridades competentes.
