Diputados de Morena introdujeron cerca de 50 ajustes a la propuesta presidencial que reforma la Ley de Aguas Nacionales, principalmente en materia de penas y multas relacionadas con corrupción, acaparamiento y manejo indebido del agua.
La nueva versión precisa que “los delitos contemplados en este capítulo serán investigados de oficio por el Ministerio Público de la Federación”, y suprime el artículo transitorio que permitía aplicar la ley de forma retroactiva.
Según la argumentación legislativa, mantener la investigación de oficio garantiza una definición clara de competencias y procedimientos para las autoridades judiciales.
Uno de los cambios relevantes está en el Artículo 123 Bis 3, que propone penas de dos a diez años de cárcel y multas de 400 a 4 mil días a quienes trasladen aguas nacionales con fines comerciales sin contar con los permisos oficiales.
Las modificaciones surgieron después de reuniones encabezadas por el coordinador de Morena, Ricardo Monreal, con líderes del sector agrícola. De ahí resultó un documento de 537 páginas que incorpora varias de las demandas que provocaron protestas en más de 20 estados, especialmente la reducción de sanciones.
El enfoque principal permanece en el Artículo 123, en especial el Bis 2, que clasifica los delitos hídricos y establece que también se perseguirán de oficio los previstos en el Código Penal Federal y en la Ley General de Bienes Nacionales.
