En la más reciente sesión de Cabildo de Puerto Vallarta, la iniciativa para reformar el reglamento municipal y crear 27 nuevos cargos administrativos fue aprobada sin mayor resistencia. Solo una regidora rompió la unanimidad cómoda: Melissa Madero, quien se negó a avalar una reestructura que, lejos de fortalecer al Ayuntamiento, apunta a inflar la nómina.

La propuesta aprobada contempla la creación de tres gerencias, siete direcciones, diez subdirecciones, seis jefaturas y una coordinación, lo que en conjunto representa 27 cambios en la estructura del gobierno local.

Todo ello con un impacto estimado de casi 14 millones de pesos adicionales en nómina, según lo expuesto por Madero, quien fue clara en su posicionamiento: esta iniciativa no responde a una necesidad operativa real ni a una mejora sustantiva en la eficiencia municipal, sino que, abre la puerta a la multiplicación de puestos de alto nivel, mientras los problemas en el municipio continúan sin resolverse.

Más preocupante aún fue la forma en que se aprobó el dictamen. Sin análisis, sin debate y sin que varios regidores siquiera leyeran el documento, el Cabildo levantó la mano en automático mostrando un claro ejemplo de que esa no es la forma de gobernar, es legitimar decisiones a ciegas, comprometer las finanzas públicas y normalizar la opacidad como práctica institucional.

¿Qué le deben al alcalde los regidores para respaldar sin revisar una iniciativa de este calibre? Porque lo ocurrido deja claro que el respaldo no fue para la ciudadanía, sino para una estructura administrativa cada vez más grande, costosa y distante de las necesidades reales del municipio.

Mientras los ciudadanos insisten en ser escuchados en temas clave como servicios públicos, movilidad y transparencia, el Cabildo optó por votar sin saber y aprobar sin escuchar. Mostrando una vez más que, tanto regidores como el presidente municipal trabajan con indiferencia frente a la voz del pueblo.