Héctor Santana y su administración han sido señalados por la síndica municipal, Daniela Sahagún Flores, de ejercer un bloqueo constante a su labor, al realizar obras y decisiones sin su conocimiento ni consulta. Pues la sindicatura, es después de la Presidencia Municipal, una de las figuras más relevantes en la estructura del poder local.
Ante esto surge la pregunta ¿qué razón tendría el ayuntamiento de Bahía de Banderas para bloquear sistemáticamente el trabajo de su propia síndica?
Durante la sesión de Cabildo del pasado 20 de enero, Sahagún Flores rompió el silencio y denunció públicamente violencia política de género, así como una estrategia sistemática para restarle autoridad, desacreditarla y limitar sus funciones, con el objetivo, afirmó, de renunciar. La síndica sostiene que esta exclusión se presenta desde el primer día de la actual administración.
El mensaje es claro: su presencia estorba. Sahagún Flores acusó una obstrucción institucional por parte de directores y funcionarios de segundo y tercer nivel, en otras palabras, el ayuntamiento opera como si la Sindicatura no existiera, anulando una de las principales instancias de control interno del municipio.
Con la presentación de la denuncia, la pregunta vuelve al centro del debate: ¿por qué un gobierno municipal bloquearía a su propia síndica? La respuesta puede ser incómoda, pero necesaria. Porque cuando se silencia a quien debe vigilar, lo que se pone en riesgo no es un cargo, sino la legalidad, la transparencia y el equilibrio del poder municipal.
