Tras las recientes declaraciones de la presidenta Claudia Sheinbaum durante la mañanera, en la que aseguró enviar una carta al Primer Ministro de Corea del Sur para que abra más conciertos, pese a los exponenciales problemas del país, se abrió un debate que va más allá del entretenimiento y alcanzó tanto a la ciudadanía como a la comunidad de fans: ¿qué es lo verdaderamente prioritario para México y qué no?
Durante el fin de semana se llevó a cabo la venta de boletos para tres presentaciones del grupo surcoreano de K-pop BTS (Bangtan Sonyeondan), un evento que desató furor, pues la demanda fue tan alta que se reportó una fila virtual de más de un millón de personas. Sin embargo, en apenas media hora los boletos para los tres conciertos se agotaron, tras esto, aparecieron denuncias de irregularidades por parte de las fans del grupo, conocidas como Army.
En la reciente mañanera, Sheinbaum afirmó que envió una carta al primer ministro de Corea del Sur para intentar liberar más fechas en México. El gesto, aunque simbólico, dejó entrever una desconexión con las problemáticas que hoy aquejan al país. Mientras anuncia apoyo a una comunidad internacional de fans, México sigue enfrentando carencias graves: desabasto de medicamentos, violencia cotidiana e inseguridad que golpea a miles de familias.
No obstante, la reacción de Army puso sobre la mesa otro problema estructural que el propio gobierno ha ignorado o minimizado: el derecho a la cultura. El acceso a conciertos, incluido el K-pop, forma parte de los derechos culturales de cualquier ciudadano. La indignación no se centró solo en no conseguir boletos, sino en las prácticas que rodean su venta.
Desde el primer día, la comunidad denunció corrupción en el sistema de boletaje. Tras agotarse las entradas, aparecieron revendedores ofreciendo boletos hasta 100 mil pesos, una práctica que evidenció un mercado sin regulación, donde se vulneran tanto los derechos del consumidor como el acceso equitativo a la cultura. Lejos de quedarse en la queja, millones de fans organizaron denuncias ante la Profeco y documentaron irregularidades de Ticketmaster y de páginas de reventa, realizando una investigación que exhibe fallas sistemáticas en el sector.
Lo que Army ha mostrado es que el problema no se resuelve con una carta diplomática. La corrupción atraviesa todos los niveles del país, incluso en ámbitos aparentemente “ligeros” como el entretenimiento. Esta comunidad no solo exige ver a sus artistas favoritos; exige transparencia, trato digno, respeto a los derechos culturales y de consumo.
En el fondo, el debate no es BTS o Army. El verdadero dilema es entender que el mismo país donde la corrupción permea hasta la venta de boletos, es también el que enfrenta inseguridad, desabasto de medicamentos y desigualdad. Y hoy, paradójicamente, un grupo de fans son quienes están señalando con claridad lo que el gobierno prefiere no ver.
