La llegada de la nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha estado acompañada de cuestionamientos sobre la congruencia entre el discurso de austeridad y el patrimonio declarado por algunos de sus integrantes. Un análisis de las declaraciones patrimoniales de los nuevos ministros ha revelado adquisiciones con valores atípicos, omisiones y aclaraciones tardías, lo que ha colocado a varios de ellos en el centro de la polémica.
Uno de los casos más señalados es el de la ministra María Estela Ríos González, exconsejera jurídica de la Presidencia durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. En su declaración inicial, presentada el 10 de octubre, reportó tres departamentos, un vehículo y un terreno; sin embargo, semanas después tuvo que corregir la información tras hacerse público un bien no declarado.
El 14 de enero, Ríos González reconoció la propiedad de un predio de 120 hectáreas, equivalente a 1 millón 200 mil metros cuadrados, adquirido el 11 de agosto de 1967, cuando tenía 20 años. De acuerdo con la aclaración, el terreno fue comprado por 120 mil pesos, lo que equivale a un peso por metro cuadrado.
La controversia aumentó un día después, el 15 de enero, cuando la ministra presentó una segunda aclaración para informar que también cuenta con una concesión de agua asociada a ese inmueble. El dato que ha generado mayor debate es que dicha concesión data de 2019, periodo en el que Ríos González se desempeñaba como Directora General de Ordenamiento de la Propiedad Rural en la SEDATU, es decir, obtuvo el beneficio mientras era funcionaria federal del área.
Otro caso que ha llamado la atención es el del ministro Irving Espinoza Betanzo, quien declaró la adquisición de un departamento de 64 metros cuadrados en 1997 por un monto de 3 mil 712 pesos, pagados de contado. Un precio que especialistas consideran difícil de justificar, incluso para la época.
Entre omisiones, “errores” y valores de adquisición fuera de toda lógica de mercado, los ministros de la llamada transformación enfrentan sus primeros señalamientos públicos relacionados con la transparencia y el origen de su patrimonio, reavivando el debate sobre la austeridad y la rendición de cuentas en el máximo tribunal del país.
