El gobernador de Nayarit, Miguel Ángel Navarro Quintero, vuelve a colocarse en el centro de la polémica. El reciente reimpulso del juicio contra el exalcalde de Bahía de Banderas y actual diputado local, José Gómez Pérez, acusado años atrás de agresión en el reclusorio de Bahía, despierta más preguntas que certezas.
Si Gómez es culpable, que se le sancione conforme a derecho. Pero la pregunta inevitable es: ¿por qué ahora? ¿Por qué retomar un caso que llevaba años en el archivo justo en tiempos donde las piezas rumbo a la gubernatura comienzan a moverse? La justicia que tarda y curiosamente se activa en momentos políticos clave, suele oler más a estrategia que a legalidad.
Más aún, el caso abre otra interrogante de fondo: ¿cómo pudo llegar y mantenerse como diputado alguien con antecedentes penales? Si el señalamiento era tan grave, ¿qué falló en los filtros institucionales? ¿O simplemente no convenía actuar en su momento?
En los pasillos políticos nayaritas se comenta que Navarro Quintero estaría despejando el camino para su descendiente, aplicando una justicia selectiva que elimina obstáculos incómodos. No sería la primera vez que el poder se utiliza como herramienta de control interno. Lo paradójico es que el gobernador, emanado de Morena, parece haber perfeccionado las viejas prácticas priistas: operar con cálculo, tensar la ley según la coyuntura y usar el aparato institucional como tablero político.
La jugada, sin embargo, no está exenta de riesgos. Revivir expedientes puede convertirse en arma de doble filo y abrir la puerta a cuestionamientos sobre imparcialidad y motivaciones reales. En este escenario, también surge otra pregunta: ¿a quién beneficia realmente este movimiento? ¿Podría fortalecer indirectamente a figuras como Héctor Santana si la narrativa de persecución política prende entre ciertos sectores?
En Nayarit, la línea entre justicia y estrategia política vuelve a difuminarse. Y cuando eso ocurre, la confianza ciudadana es la primera en pagar el costo.
