El Frente Social por el Ambiente y Territorio Nayarit emitió un posicionamiento en el que condena las declaraciones de la fiscal de Nayarit, Elvia Ludmila Heredia Verdugo, quien a través de declaraciones criminalizó a los ciudadanos que participaron en las protestas en defensa de Playa Las Cocinas, en Punta de Mita.
En el comunicado, el colectivo señaló que durante las manifestaciones se registró uso excesivo de la fuerza por parte de elementos de seguridad estatal, donde personas fueron sometidas, arrastradas y detenidas de manera violenta. Asimismo, rechazaron la narrativa oficial que señala supuestas agresiones contra policías, al considerar que no corresponde con los testimonios ni con los registros documentados durante el operativo.
Los activistas también cuestionaron la intervención de autoridades estatales en un conflicto que, aseguran, se desarrolla en zona federal marítimo terrestre, cuya competencia corresponde a instancias federales, no a la fiscalía estatal.
Por su parte, la fiscal Elvia Ludmila Heredia Verdugo afirmó que existe una carpeta de investigación abierta contra manifestantes, a quienes se les acusa de presuntamente invadir propiedad privada, amenazar, causar lesiones a una elemento policial, así como de delitos contra servidores públicos y asociación delictuosa.
En contraste, ciudadanos y colectivos sostienen que fueron ellos quienes resultaron agredidos por policías estatales, quienes resguardaban la zona pese a que, señalan, la vigilancia en ese tipo de áreas corresponde a la autoridad federal.
En medio de la controversia, el activista Pepe Ávila, defensor de la playa, reiteró que teme por su vida tras estos hechos. Aseguró que, en caso de que le ocurra algo, responsabiliza al gobierno de Nayarit, al Ayuntamiento de Bahía de Banderas, así como al Grupo DINE, empresa vinculada al desarrollo en la zona.
El Frente Social exigió el cese de la criminalización de los manifestantes, una investigación imparcial sobre el uso de la fuerza, garantías de no repetición y respeto al derecho a la protesta. “Defender las playas no es un delito”, subrayaron.
