La solicitud de juicio político contra la fiscal de Nayarit, Ludmila Heredia Verdugo, dio un nuevo paso en el Congreso del Estado, luego de que el secretario general del SUTSEM, acudiera a ratificar la denuncia promovida el pasado 7 de julio por el sindicato y activistas.
La ratificación se concretó días después de que, en la sesión de la Diputación Permanente de la XXXIV Legislatura celebrada el 9 de julio, se diera entrada formal al recurso y este fuera turnado a la Mesa Directiva. Será esta instancia la encargada de remitir el expediente a la Comisión de Gran Jurado, donde iniciará el análisis del caso.
La solicitud no solo apunta a la actual titular de la Fiscalía General de Nayarit, sino también al exfiscal Petronilo Díaz Ponce Medrano y a los jueces del Poder Judicial estatal, Juan Valentín Escobedo Lázaro y Luis Corona.
De acuerdo con los denunciantes, la fiscal habría utilizado la institución para actuar en contra de integrantes del SUTSEM, mientras que al exfiscal se le atribuyen presuntos actos relacionados con despojos y la fabricación de delitos. Asimismo, denuncian una presunta represión contra seis integrantes del sindicato, quienes fueron vinculados a proceso tras defender sus derechos laborales.
Entre las medidas cautelares impuestas a estos trabajadores destacan la suspensión de salarios, restricciones para salir del estado, la obligación de acudir periódicamente a firmar ante la autoridad, así como la prohibición de presentarse en sus centros de trabajo o mantener contacto con sus compañeros.
A la denuncia también se sumó la familia Guzmán Franco, originaria de Rincón de Guayabitos, que asegura que varios de sus integrantes fueron detenidos tras resistirse al presunto despojo de un patrimonio familiar con más de 70 años de antigüedad, en un conflicto vinculado al FIBBA.
Cabe destacar que el mismo Congreso que hace apenas unos meses respaldó de manera unánime el nombramiento de la fiscal deberá ahora determinar si existen elementos suficientes para iniciar el procedimiento de juicio político por los presuntos actos señalados por el sindicato, activistas y ciudadanos.
