Los legisladores jaliscienses establecieron nuevos lineamientos para la adjudicación de obras
Por: Redacción Vallarta Independiente. Los integrantes del Congreso del Estado de Jalisco aprobaron con 35 votos a favor, una nueva ley estatal de obra pública con la que se pretende inhibir actos de corrupción, como el pago de ‘moches’ o cuotas a cambio de la asignación de trabajos.
Lo anterior, como parte de la regulación se considera sanción contra funcionarios o empresarios que incurran en este tipo de hechos.
Al respecto, el Código Penal del Estado de Jalisco estipula como delito de Cohecho (para servidores públicos), una sanción de dos a doce años de prisión y multas hasta de 22 mil 647 pesos. Para los constructores o particulares involucrados, inhabilitación para participar en futuros concursos y asignaciones de obra o para ocupar un cargo público.
El testigo social
En su aprobación, destaca la figura de ‘testigo social’, que será un representante ciudadano que participará en todos los procesos de obra.
Previo a su aprobación, se consideró que los ‘testigos’ recibieran un salario, lo cual generó debate entre los diputados y finalmente no se incluyó en la nueva legislación.
La regulación establece como requisito que cuando se trate de obras con un costo mayor a los cien millones de pesos, tendrá que elaborarse un análisis del ciclo de vida útil de la intervención.
El tope para la asignación directa se mantiene en 1.5 millones, para las obras vía concurso por invitación se amplía a 7.5 millones de pesos, actualmente es de 5.2 MDP. Se tendrá que convocar a licitación en todas las obras con un costo superior a los 7.5 millones. Se especifica que queda prohibido fraccionar o dividir una obra para entregarla de forma directa.
Las regulaciones
También quedó aprobada la modificación a los comités de adjudicación de obra pública para que, junto con los titulares de la Secretaría de Obra Pública, el de Finanzas y de la Contraloría estatal, se incluya al presidente de la delegación estatal de la cámara específica de la industria de la construcción constituida conforme a la Ley de Cámaras Empresariales, así como a los presidentes de los colegios de ingenieros y arquitectos, que sean mayoritarios y con registro ante la dirección estatal de profesiones.
De la misma manera, se establece que las empresas que estén en el padrón deberán tener antigüedad mínima de tres años y se dará preferencia a constructoras locales.
Se incluyó la posibilidad de que el Congreso, el Poder Judicial, organismos autónomos y los públicos descentralizados puedan realizar obras por su cuenta hasta por 26 millones de pesos. (Con información de Informador.Mx)
