En 2018 hubo 374 pesquisas por ese ilícito en el país, pero ninguna en el Estado, pese a que en junio 40 menores fueron rescatadas
El 22 de febrero se reportó, en Puerto Vallarta, la desaparición de Jazmín, una menor de edad a quien sus padres le perdieron la pista después de que salió de su casa.
Se informó al Ministerio Público para que se emitiera una Alerta Amber. Sin embargo, eso no ocurrió. Su familia y un colectivo la localizaron seis días más tarde. Había sido privada de su libertad.
Tras este hecho, se vinculó a proceso a un hombre por abuso sexual infantil, corrupción de menores y privación ilegal de la libertad, pero no se tipificó el delito de trata de personas.
En 2018, las autoridades federales y estatales iniciaron 374 investigaciones por trata de personas; la mayor parte fue reportada por las instancias estatales, pues la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas (Fevimtra), ente federal, solamente sumó 70 indagatorias.
Las entidades con más casos son Ciudad de México, Chihuahua, Chiapas y Tlaxcala. En Jalisco (señalado por organizaciones como un territorio de origen, destino y tránsito de víctimas de trata) las pesquisas son mínimas.
El año pasado se reportó una carpeta de investigación al Sistema Nacional de Seguridad Pública, lo que coloca a la Entidad en el penúltimo lugar nacional. La Fevimtra tampoco comenzó ningún procedimiento.
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Lo anterior, a pesar de que el 16 de junio se informó sobre un rescate de 40 menores que eran “subastadas”, también en Puerto Vallarta. Las autoridades federales, por medio de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), liberaron a las víctimas gracias a una denuncia hecha por un colectivo.
Areli Rojas, presidenta de la organización ¿Quién habla por mí? A.C., explicó que el Estado persigue la mayoría de casos de trata de personas “como una cuestión de incesto, corrupción de menores, alguna cuestión ajena”.
Sandra Quiñones, integrante de Colectivo Mujeres Puerto Vallarta, no descartó que las bajas cifras se deban a que existe “temor o vergüenza” por denunciar este ilícito.
“Existe una cifra negra muy alta, precisamente por normas sociales o estereotipos que lo único que hacen es que las víctimas no puedan tener acceso a la justicia. Son revictimizadas por algo que ellas no decidieron”. (Con información de Informador)
