Expertos en seguridad lamentan que Jalisco tenga una tasa de castigo tan baja, sobre todo porque muchos de los ladrones son peligrosos y reincidentes.
Desde la entrada en vigor del nuevo sistema de justicia penal en Jalisco (31 de mayo de 2016) hasta enero pasado (antes de la parálisis del Poder Judicial por la pandemia), la Fiscalía del Estado obtuvo 539 sentencias por el delito de robo, de las 180 mil 280 carpetas de investigación iniciadas en el mismo periodo (0.3%). En otras palabras, en sólo tres casos por cada mil robos se llegó a una sentencia.
Daniel Espinoza Licón, magistrado del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, explica que esto no significa que sólo se resolvieran las denuncias que concluyeron en sentencia, pues el nuevo sistema de justicia admite otras sanciones a través de los mecanismos alternativos y la conclusión anticipada.
Sin embargo, la tendencia de robos con violencia y armas está en aumento en Jalisco.
Según la Fiscalía del Estado, de las 180 mil 280 carpetas de investigación sólo se lograron cinco mil 977 detenciones, de las cuales 687 fueron ilegales.
Hasta 55% de los asuntos que llegan al Instituto de Justicia Alternativa (IJA) son para mediar por el delito de robo, informó su director, Guillermo Zepeda Lecuona; el resto es por conflictos generados en materia familiar, civil, mercantil y otros delitos susceptibles de acuerdo reparatorio, como el fraude, el daño a las cosas o hasta lesiones y homicidio culposo.
No obstante, de los casos que se atienden, sólo la tercera parte se resuelve. Por ejemplo, de los mil 585 conflictos por robos atraídos en 2019, solamente se logró un acuerdo en 555.
Si un conflicto por robo no violento no se resuelve a través de la mediación, donde se garantiza la reparación del daño para la víctima, entonces llega a los juzgados, lo que puede resultar en una dilapidación de los recursos públicos. “La carpeta de investigación, hace tres o cuatro años, costaba (al erario) 16 mil pesos, más otros 22 mil del proceso penal por alguien que se robó unas galletas”.
Por ello, los asuntos que deben ir a los juzgados deben reservarse sólo por delitos de alto impacto. El Informador
