El documento en el que confirman las retenciones de sueldo por no coincidir con la alcaldesa fue recibido por el congreso nayarita y las dependencias encargadas de resolver y, en su caso, sancionar prácticas ilegales de los munícipes.
Es completamente oficial, las acusaciones contra la alcaldesa de Bahía de Banderas, Mirtha Villalvazo Amaya, ya son objeto de investigación por parte del congreso de Nayarit y de las dependencias que se encargan de sancionar prácticas ilícitas de los mandatarios.
El 11 de marzo, según los documentos a los que GST Medios tiene acceso, fue entregado un documento en el que 6 regidores y el síndico de Bahía de Banderas, exponen la situación que se vive en la administración, cuya consecuencia final ha sido la retención de sueldos de los ediles, por, según el texto, no coincidir con la presidente municipal.
En el escrito, los ediles y el síndico piden que las remuneraciones no se suspendan ni se condiciones por la expresión de ideas y posicionamientos distintos a los que emite la alcaldesa, motivo por el que, señalan, ella ha dado órdenes de que no se les pague.
“Se establece dentro de la ley y del presupuesto de egresos el derecho que tienen para recibir sueldos y compensaciones, los cuales no pueden ser condicionados por sus opiniones que manifiesten, denuncias y que sean objeto de una medida de reconvención, sanción o castigo por parte del Ejecutivo Municipal con fecha 15 de febrero de manera unilateral sin justificación alguna la presidente municipal ordenó a la Oficialía Mayor se nos retuvieran nuestras remuneraciones, las cuales hemos venido obteniendo conforme a lo asignado y establecido en el Presupuesto de Egresos autorizado”, dicta el documento.
Este archivo fue recibido el 11 de marzo por el Congreso del Estado de Nayarit, la Auditoría Superior del Estado de Nayarit, la Oficialía de Partes del Ayuntamiento de Bahía de Banderas y la Contraloría de Bahía de Banderas, por lo que deberá iniciarse una investigación que determine si las acciones de la alcaldesa son legales y, de no serlo, sancionar o emitir una serie de recomendaciones para que se cumpla el marco legal.
Denuncia regidores a alcaldesa
La acusación contra Eduardo Huerta Marcial
En otro documento, también recibido, pero el 9 de marzo del año en curso, por el Congreso del Estado de Nayarit, la Auditoría Superior del Estado de Nayarit, y la Oficialía de Partes del ayuntamiento bahíabanderense, los mismos ediles y el síndico exigen la destitución del funcionario Eduardo Huerta Marcial, por supuestos actos de corrupción, además de que regrese el dinero que se le ha pagado, pues no se ha presentado a sus áreas de trabajo desde que se le nombró en su cargo.
Este documento señala los supuestos actos irregulares del jefe del departamento de licitaciones, Eduardo Huerta Marcial, a quien señalan por no haber hecho su declaración patrimonial y de intereses, a pesar de tener más de 2 meses en su cargo, además de que se le ha pagado, sin que se presente a su lugar de trabajo, como lo establece la ley.
“Pedimos:
Primero: Que se declare la suspensión inmediata del funcionario Eduardo Huerta Marcial con objeto que se realicen las investigaciones de los hechos denunciados.
Segundo: Que se inicie el procedimiento de responsabilidad administrativa por parte del órgano de control interno por la omisión de más de 30 días sin justificación de la declaración de situación patrimonial y de conflicto de interés y se sancione como falta grave.
Tercero: Se inicie el procedimiento de responsabilidad resarcitorio al C. Eduardo Huerta Marcial, debido al daño a la Hacienda Pública Municipal de Bahía de Banderas, por los sueldos, compensaciones y prestaciones pagadas y no devengadas por su inasistencia a laborar, depositadas en las nóminas durante el periodo de 11 de octubre del 2021 a la fecha.”, indica el documento.
Ambos escritos son firmados por los regidores, María del Carmen León Olvera, María Emigdia Jiménez Carrillo, Estefanía Lara Prado, Lourdes Ibarra, Irma Peña, María Lourdes Nieves, José Antonio Plácito y el síndico, Julio César Robles.
La bomba ha estallado al interior de la administración de Mirtha Villalvazo, que, más sola que nunca, deberá hacer frente a una serie de investigaciones por sus acciones ilegales contra los ediles y por proteger a un funcionario señalado de prácticas de corrupción severas.
