El 28 de abril el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, mostró su respuesta a las personas que se están manifestando en contra de la verificación responsable y al ser cuestionado por los medios, los llamó “trasnochados” y “oportunistas”. Un día después, el grupo Resistencia Civil Pacífica de Jalisco y Puerto Vallarta convocó a una rueda de prensa para declarar al respecto.
En palabras de uno de los dirigentes del grupo, se está de acuerdo con que la ley de la verificación es federal, pero no encontró dónde dice que el pueblo debe pagar dicha ley.
“No está en la ley federal que el pueblo pague por la verificación. De hecho, en algunos otros estados es gratuita porque ese presupuesto lo tiene que poner el estado”, indicó.
Otro punto mencionado fue lo estipulado por el artículo 11 constitucional, en donde se menciona el libre tránsito:
“Toda persona tiene derecho para entrar en la República, salir de ella, viajar por su
territorio y mudar de residencia, sin necesidad de carta de seguridad, pasaporte, salvoconducto u otros requisitos semejantes. El ejercicio de este derecho estará subordinado a las facultades de la autoridad judicial, en los casos de responsabilidad criminal o civil, y a las de la autoridad administrativa, por lo que toca a las limitaciones que impongan las leyes sobre emigración, inmigración y salubridad general de la República”, dice la constitución.
Sobre los comentarios del gobernador Alfaro, en donde se mencionó que los manifestantes tenían fines partidistas, el grupo aseguró que no era así, pues todo poder emana del pueblo.
“Al que le pagamos es a ti. Tu falta de agradecimiento, carencia de entrega y falta de ética política hace que te veas mal diciendo esto. Deberías pensar quién te paga y a quién le debes el respeto. Nosotros te pusimos ahí, prometiste ser leal, nos dijiste que íbamos a tener camiones de buena calidad… el abusivo eres tu”, indicó uno de los líderes del grupo.
El fundamento citado está en el artículo 39 de la constitución política mexicana, que dice lo siguiente:
“La soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo. Todo poder público
dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste. El pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno”.
