El alcalde Héctor Santana aseguró que “la mayoría de los casos de violencia son personas que vienen de otros estados” y pidió a las mujeres “quiéranse tantito y ayúdenos”. Sus palabras rozan la discriminación y la revictimización, al estigmatizar a trabajadores foráneos y responsabilizar a las propias víctimas de la violencia. Dejando a un lado, que la obligación de garantizar la seguridad y la dignidad de las mujeres es del Estado.
Las recientes declaraciones del presidente municipal de Bahía de Banderas, Héctor Santana, no sólo resultan desafortunadas, sino que rozan la discriminación y la revictimización. En su intento por hablar sobre la violencia familiar, terminó señalando a grupos específicos y responsabilizando, de manera implícita, a las propias víctimas.
Santana afirmó que “la mayoría de los casos que son tema de violencia son personas que vienen de otros estados”, particularmente quienes trabajan en la construcción y que “llegan drogados a su casa” los fines de semana. La frase es tan peligrosa como discriminatoria, al generalizar un estigma de quienes migran en busca de empleo y contribuyen al desarrollo local. No existe evidencia ni datos públicos que sustenten esa afirmación, a pesar de que él argumenta dicha frase con que “eso indican las estadísticas”, pero sí hay una clara consecuencia: alimentar la idea de que la violencia es un problema “traído de fuera”. Es un discurso que divide a la sociedad entre los “locales buenos” y los “foráneos violentos”, un estigma que se acerca peligrosamente a la xenofobia.
A esto se suma su mensaje dirigido a las mujeres víctimas de violencia familiar: “Por favor, quieranse tantito y ayúdenos”. Aunque la intención pueda parecer preventiva, el resultado es profundamente revictimizante. Con esa frase, Santana sugiere que las mujeres permanecen en situaciones de violencia porque no se quieren lo suficiente, ignorando los factores estructurales que las limitan como lo son el miedo, la necesidad económica, la falta de apoyo institucional, la revictimización judicial, entre otros.
Además, al decir “ayúdenos”, el alcalde pone la responsabilidad de erradicar la violencia hacia las propias víctimas, cuando esa es por ley, una tarea del Estado. El mensaje, lejos de empoderar, se convierte en un recordatorio de cómo la mirada institucional aún coloca la carga del problema sobre quienes lo padecen. La violencia de género y familiar no se explica por el lugar de origen, el nivel socioeconómico ni el consumo de sustancias que aunque se atribuyen como factores, no son razones directas. Es un fenómeno estructural, profundamente arraigado en el machismo y en la desigualdad. Minimizarlo o explicarlo desde los prejuicios sólo contribuye a perpetuarlo.
Las palabras del presidente municipal reflejan una preocupante falta de sensibilidad y de perspectiva de género ya que como funcionario público, debe ser el primero en reconocer que la violencia no se combate con estigmas ni con frases paternalistas, sino con políticas integrales, empatía y compromiso real. Porque cada vez que una autoridad habla desde la ignorancia, se da paso a la desconfianza de quienes esperan justicia y protección y de las autoridades.
La violencia no se erradica culpando a “los de fuera” ni responsabilizando a las mujeres. Se combate asumiendo que la obligación de garantizar la seguridad y la dignidad es del Estado.
