Un grupo de 87 inversionistas de Jalisco, dueños de aproximadamente 900 hectáreas en Bahía de Banderas, denunció que el gobierno de Nayarit intenta quitarles sus terrenos mediante una supuesta “expropiación por utilidad pública”.
Aseguran que, con ese argumento, ya comenzaron desalojos injustificados, incluso en zonas ejidales.
Esta situación se agravó luego de la detención del abogado Joel Marín García, quien representa a uno de los propietarios. Marín fue vinculado a proceso y enviado a prisión preventiva, pues fue acusado de asociación delictuosa. Según los inversionistas, esta medida es totalmente irregular, pues el abogado solo estaba haciendo su trabajo: defenderlos legalmente.
Los afectados acusan directamente a la subfiscal estatal Elvia Ludmila Heredia y al coordinador jurídico Gabriel Camarena de operar mecanismos “pseudo legales” para despojar las tierras. Señalan que el gobierno quiere apropiarse de terrenos pertenecientes al fideicomiso FIBBA y que está utilizando a la fiscalía y al poder judicial para justificar acciones de desalojo.
También aseguran que la fiscalía abrió investigaciones sobre la supuesta “procedencia ilícita” de las tierras, a pesar de que fueron compradas hace más de 20 años y que su abogado ya había demostrado la legalidad de esas operaciones.
Los inversionistas anunciaron que acudirán a la FGR y promoverán amparos. Afirman que no solo se trata de terrenos, sino del uso del poder judicial para intentar despojarlos.
