La presidenta Claudia Sheinbaum nombró a Francisco Garduño, extitular del Instituto Nacional de Migración, como Director General de Centros de Formación para el Trabajo, área adscrita a la Secretaría de Educación Pública (SEP). El anuncio fue realizado por el secretario Mario Delgado, quien calificó al exfuncionario como un “funcionario ejemplar” y aseguró que su participación será clave en la reforma de la Educación Media Superior y el despliegue del Bachillerato Nacional.
El nombramiento generó reacciones inmediatas debido al papel de Garduño durante el incendio ocurrido en marzo de 2023 en la estación migratoria de Ciudad Juárez, donde murieron 40 personas migrantes que permanecían bajo resguardo del Estado. El caso evidenció fallas estructurales, omisiones y negligencias en la operación del INM, por lo que Garduño enfrentó un proceso penal que fue suspendido de manera condicional en abril de 2025.
Aunque el gobierno ha defendido la designación bajo el argumento de su experiencia administrativa y su contribución a los objetivos del Plan México, personas hartas de estas prácticas han señalado el nombramiento como una señal de normalización de la impunidad. Para estos sectores, la suspensión del proceso penal no equivale a justicia ni a un cierre del caso.
La llegada de Garduño a un nuevo cargo público ha reavivado críticas hacia Morena por replicar prácticas que durante años denunció del PRI y el PAN: reciclar perfiles cuestionados y premiar trayectorias marcadas por episodios de responsabilidad pública no esclarecida.
El caso vuelve a poner en entredicho el discurso de transformación y la promesa de “cero impunidad”, al tiempo que deja abiertas preguntas sobre los criterios éticos en los nombramientos del nuevo gobierno.
