La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) afirmó que la Fiscalía del Estado de Jalisco y el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF) incurrieron en omisiones sistemáticas y graves durante la investigación del Rancho Izaguirre.
De acuerdo con el organismo, ambas instituciones estatales vulneraron los derechos humanos a la legalidad, seguridad jurídica y acceso a la justicia, debido a irregularidades atribuibles a servidores públicos encargados de la investigación.
La CNDH detalló que tras la detención de 10 personas en septiembre de 2024 dentro del predio, las autoridades estatales recibieron la instrucción de identificar, documentar, levantar, embalar, sellar, etiquetar y trasladar adecuadamente cualquier indicio localizado en el sitio.
Sin embargo, el organismo documentó que se localizó un lote óseo y diversos objetos que no fueron asegurados, registrados ni incluidos en los dictámenes correspondientes. Además, algunas evidencias no fueron mencionadas ni sometidas a los procesos periciales necesarios.
Según la investigación, un documento fechado el 18 de septiembre de 2024 instruía que, en caso de encontrar indicios, debían realizarse registros de inspección, aseguramientos y cadena de custodia, procedimientos que no se aplicaron correctamente en varias prendas localizadas en el lugar.
Asimismo, el organismo indicó que el 4 de febrero de 2025, un mes antes de que colectivos de búsqueda revelaran lo encontrado en el rancho, un servidor público de la fiscalía fue notificado por policías de investigación de que el predio no estaba debidamente asegurado, y que al ingresar nuevamente se detectaron posibles evidencias e indicios.
Otro de los señalamientos es que el IJCF retrasó la comparación de muestras biológicas con la base de datos de familiares de personas desaparecidas, proceso que se realizó hasta marzo de 2025, cuando pudo haberse efectuado desde septiembre de 2024.
Ante estas irregularidades, la CNDH solicitó a la Fiscalía de Jalisco y al Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses que reconozcan su responsabilidad y emitan una disculpa pública en un plazo máximo de seis meses, además de elaborar o actualizar los protocolos de actuación para evitar que este tipo de fallas se repitan en futuras investigaciones.
