La reforma electoral impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum fue rechazada en la Cámara de Diputados al no alcanzar la mayoría calificada necesaria para modificar la Constitución pues Morena se quedó sin el respaldo de sus aliados, ya que tanto el Partido del Trabajo (PT) como el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) votaron en contra, sumándose a las bancadas de la oposición.
La iniciativa obtuvo 259 votos a favor, 234 en contra y una abstención, cifra insuficiente para lograr las dos terceras partes de los votos requeridas para una reforma constitucional. Durante la sesión,
De manera general, la iniciativa planteaba modificaciones en la forma de elegir a los legisladores, en el financiamiento de los partidos políticos y en las reglas de comunicación durante las campañas.
Uno de los cambios centrales era el nuevo mecanismo para elegir a las diputaciones de representación proporcional. Actualmente, estas curules se asignan mediante listas regionales que los partidos registran antes de las elecciones. Con la reforma, este sistema se eliminaría para adoptar el modelo de “mejores perdedores”, es decir, las diputaciones plurinominales se otorgarían a los candidatos que compitieron en distritos, no ganaron, pero obtuvieron un alto porcentaje de votos.
La propuesta también incluía modificar el Artículo 53 de la Constitución para mantener las diputaciones de representación proporcional en las cinco circunscripciones electorales, pero estableciendo que su asignación se basaría en la votación directa obtenida por los candidatos.
Otro de los puntos relevantes era la eliminación de las senadurías de representación proporcional. Actualmente el Senado se integra por 128 legisladores, de los cuales 64 son electos por mayoría relativa, 32 por primera minoría y 32 por listas plurinominales.
Con la reforma, el número de senadores se reduciría a 96 integrantes, eliminando las listas plurinominales y manteniendo únicamente 64 senadores de mayoría relativa y 32 de primera minoría.
La iniciativa también planteaba una reducción en el financiamiento público a los partidos políticos durante los procesos electorales. Actualmente el cálculo se realiza multiplicando el padrón electoral por el 65% del valor diario de la UMA.
La reforma proponía reducir ese porcentaje a 48.75% del valor de la UMA, lo que significaría un ahorro estimado de alrededor de 12 mil millones de pesos y una disminución aproximada del 25% en el gasto total de las elecciones.
Además, se establecía que los partidos y candidaturas no podrían recibir recursos del extranjero ni provenientes de actividades ilícitas, y que todas las operaciones financieras deberían ser reportadas al Instituto Nacional Electoral. Las aportaciones privadas únicamente podrían realizarse por personas físicas mexicanas mediante el sistema financiero, prohibiendo el uso de efectivo.
La propuesta también contemplaba una reducción en los tiempos oficiales de propaganda electoral en radio y televisión. Actualmente los partidos disponen de 48 minutos diarios por emisora, mientras que la reforma buscaba reducirlos a alrededor de 35 minutos, con el objetivo de disminuir la saturación de propaganda durante las campañas.
El proyecto incluía además medidas relacionadas con mayor fiscalización electoral, voto en el extranjero, uso de inteligencia artificial en procesos electorales, cómputos distritales, fortalecimiento de la democracia participativa, así como principios de no nepotismo y no reelección.
Al no alcanzar la mayoría calificada en la Cámara de Diputados, la reforma quedó oficialmente desechada. No obstante, se prevé que Morena pueda presentar en los próximos días un “Plan B” con modificaciones en materia electoral a través de cambios en leyes secundarias.
