Cámara de Diputados aprueba reformas para ampliar funciones de la Auditoría Superior de la Federación

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Con 390 votos a favor, tanto en lo general como en lo particular, el Pleno avaló modificaciones a las leyes de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, General de Contabilidad Gubernamental y de Coordinación Fiscal, con el próposito de ampliar las facultades de la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

Entre los principales cambios, se establece que la ASF podrá iniciar investigaciones de oficio o a partir de denuncias ciudadanas por presuntas faltas administrativas graves, sin depender del ejercicio fiscal en revisión. Además, cualquier persona podrá presentar denuncias a través de los canales que disponga el órgano fiscalizador.

La reforma también contempla la creación del Sistema Nacional de Registro de Información y Datos Relacionados con los Recursos Federales, que será coordinado por la ASF. En este mecanismo, los entes públicos deberán reportar información detallada sobre el uso de recursos, incluyendo datos contables y de beneficiarios finales.

En materia de procedimientos, la Auditoría deberá notificar sus actuaciones de manera personal o por medios electrónicos y contará con un plazo de 120 días hábiles para emitir resoluciones sobre las respuestas de los entes fiscalizados. Posteriormente, tendrá 90 días hábiles adicionales para remitir los dictámenes técnicos de no solventación a las áreas de investigación.

Asimismo, se permitirá a la ASF celebrar convenios de coordinación con entidades de fiscalización estatales para revisar el uso de recursos federales transferidos a estados, municipios y alcaldías de la Ciudad de México, sin que esto implique delegar sus atribuciones constitucionales.

El dictamen también establece que los entes públicos deberán registrar información en los formatos que determine la Auditoría, y prevé mecanismos de suplencia para el titular del órgano en caso de ausencias temporales.

En los artículos transitorios se señala que la ASF tendrá 90 días naturales para adecuar su normativa interna y hasta 180 días para emitir los lineamientos del nuevo sistema. La implementación se realizará con los recursos presupuestales existentes, sin requerir asignaciones adicionales.

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