La Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas (FGJEZ) mantiene como una de sus principales líneas de investigación la presunta colusión de servidores públicos en el multihomicidio de 10 personas ocurrido el pasado fin de semana, un caso que ha encendido las alertas por los posibles vínculos entre autoridades y actividades delictivas.
El fiscal estatal, Cristian Camacho Osnaya, subrayó que el caso se indaga con un enfoque integral que incluye no solo el análisis pericial, sino también una investigación financiera que permita detectar posibles redes de complicidad. “Debe llevarse de manera muy efectiva, muy profesional, incluso abierta a una investigación financiera”, puntualizó.
Entre las víctimas se encuentran perfiles con vínculos directos con la función pública, como el expresidente municipal de Sombrerete, Ignacio Castrejón Valdez, y el director de Desarrollo Social de Fresnillo, Fidel Alvarado de la Torre, además de un elemento activo de Protección Civil y Bomberos. La presencia de estos funcionarios entre las víctimas ha fortalecido la hipótesis de posibles nexos entre autoridades locales y esquemas de extorsión.
De acuerdo con la Fiscalía, al menos seis de las personas asesinadas mantenían actividades empresariales en sectores como la construcción, la proveeduría y centros nocturnos, rubros que suelen estar expuestos a presiones del crimen organizado, lo que refuerza la línea de investigación relacionada con cobros de extorsión.
Los resultados forenses revelan un nivel de violencia significativo: ocho de las víctimas murieron por asfixia por estrangulamiento y dos más por impactos de arma de fuego. Además, pruebas toxicológicas practicadas a cinco personas detectaron consumo reciente de narcóticos, incluyendo a dos funcionarios municipales, un dato que también es analizado dentro de las indagatorias.
La cronología del caso indica que las desapariciones ocurrieron de forma escalonada entre el 16 y el 18 de julio; sin embargo, antes del hallazgo de los cuerpos no se presentaron denuncias formales por desaparición, lo que abre nuevas interrogantes sobre el contexto en el que ocurrieron los hechos y el posible silencio en torno a las víctimas.
Mientras avanzan las investigaciones, la FGJEZ no descarta la existencia de una red que involucre tanto a actores del crimen organizado como a funcionarios, lo que podría configurar un caso de alta gravedad por la infiltración de estructuras institucionales.
