Organizaciones ambientales y comunitarias rechazaron la evaluación presentada por el gobierno federal sobre el uso de la fracturación hidráulica, conocida como fracking, y exigieron su prohibición total en el país.
El posicionamiento surge luego de que un comité científico, convocado por la presidenta Claudia Sheinbaum, planteara continuar los estudios en las cuencas de Burgos y Sabinas-Burro-Picachos, ubicadas en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Aunque los especialistas descartaron el uso de esta técnica en la región de Tampico-Misantla por sus riesgos, las organizaciones advirtieron que esto no es suficiente.
Las ONG señalaron que permitir la exploración en otras zonas podría exponer a comunidades del noreste a los mismos riesgos ambientales y de salud, especialmente en regiones que ya enfrentan escasez de agua. Por ello, insistieron en que la única garantía de protección es una prohibición constitucional del fracking en todo el territorio nacional.
Asimismo, cuestionaron la integración del comité, al considerar que excluyó a poblaciones potencialmente afectadas, así como a especialistas en epidemiología, derechos humanos y territorios indígenas.
En un comunicado, acusaron que el análisis no buscaba determinar si el fracking debía prohibirse, sino “cómo usarlo con menos culpa”. El pronunciamiento fue respaldado por más de 30 organizaciones y colectivos, entre ellos la Alianza Mexicana contra el Fracking, el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA), Greenpeace México y Noreste Sin Fracking.
