Una investigación periodística presentada por Víctor Hugo Arteaga, director de Spectro FM, y difundida en Milenio, expone presuntos vínculos entre Sergio Carmona, conocido como “El Rey del Huachicol”, Miguel Angel Navarro y Héctor Santana, a partir de información extraída de teléfonos celulares que pertenecieron al empresario tamaulipeco.
De acuerdo con el audio de la investigación, los dispositivos contendrían chats de WhatsApp y documentos obtenidos mediante análisis forense digital, en los que se documentarían presuntos acuerdos de financiamiento político durante el proceso electoral de 2021. El material señala que hubo reuniones en Bahía de Banderas con una candidata a alcaldesa y un candidato a diputado que posteriormente llegó a la presidencia municipal.
Aunque el audio no menciona por nombre a Mirtha Villalvazo ni a Héctor Santana, los cargos y el proceso electoral al que hace referencia coinciden con las candidaturas que ambos encabezaron en 2021, por lo que la investigación genera cuestionamientos sobre una posible relación con dichos personajes.
La investigación también señala presuntos vínculos entre Carmona y el gobernador de Nayarit, Miguel Ángel Navarro Quintero, así como una posible estructura de financiamiento para respaldar al partido durante la elección de 2021.
Uno de los elementos que más llama la atención es un supuesto documento enviado por un funcionario estatal identificado preliminarmente como “Carlos”, que contendría un análisis de las finanzas de distintas dependencias del gobierno de Nayarit. Según los investigadores, dicha información habría sido entregada a Carmona para que pudiera identificar en qué áreas colocar negocios y recuperar las aportaciones realizadas durante la campaña.
La investigación sostiene además que empresas relacionadas con la familia y socios de Carmona habrían recibido posteriormente contratos gubernamentales por más de 100 millones de pesos, bajo un presunto esquema para recuperar recursos destinados a financiamiento político.
Hasta el momento, los señalamientos forman parte de una investigación periodística y corresponderá a las autoridades determinar si existe alguna responsabilidad legal de los funcionarios o políticos mencionados indirectamente.
