Buscan cárcel para quienes usen tarjetas de pensiones sin permiso del beneficiario

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La iniciativa busca proteger a adultos mayores y personas con discapacidad cuyos apoyos sociales son manejados por familiares, cuidadores o personas de confianza. Proponen castigar como abuso de confianza con penas de hasta seis años de prisión.

Una iniciativa en la Cámara de Diputados busca que utilizar sin permiso el dinero de una pensión o apoyo social sea considerado delito de abuso de confianza, especialmente cuando los recursos pertenecen a adultos mayores o personas con discapacidad.

La propuesta, presentada por la diputada Vanessa López Carrillo, del PT, plantea modificar el Código Penal Federal para castigar a quienes tengan bajo su cuidado una tarjeta bancaria, medio electrónico, credencial o cualquier instrumento utilizado para recibir una pensión o apoyo del Gobierno y utilicen el dinero para beneficio propio o de otra persona sin autorización del titular.

La iniciativa también contempla penas más severas cuando la víctima sea una persona adulta mayor o con discapacidad, o cuando exista una relación familiar, de cuidado, convivencia o confianza entre la víctima y quien utilice el dinero. Actualmente, las sanciones por abuso de confianza contemplan de seis meses a seis años de prisión y multas de hasta cien veces el salario, y la propuesta plantea aumentar estas penas hasta en una tercera parte en esos casos.

El documento señala que se han detectado casos en los que familiares, cuidadores o personas de confianza retienen las tarjetas de beneficiarios, disponen de sus recursos o les entregan solamente una parte del dinero. La propuesta advierte que algunas personas entregan sus tarjetas y contraseñas porque enfrentan dificultades para trasladarse, utilizar herramientas digitales o incluso por problemas de visión o salud.

Además, plantea que las instituciones de procuración de justicia y el Banco del Bienestar establezcan protocolos sencillos para recibir denuncias y orientar a las víctimas cuando exista retención o despojo de tarjetas de programas sociales. La iniciativa fue turnada a la Comisión de Justicia para su análisis.

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