Los uniformados continúan aplicado el reglamento estatal de Movilidad, pese a que éste está imposibilitado por una suspensión provisional otorgada por un Juez Federal
Por: Milton Colmenares. Desde aquella manifestación que realizaron los taxistas en las instalaciones de la Unidad Municipal Administrativa, donde fue conformado una comisión en coordinación con el Ayuntamiento, los tránsitos municipales han vuelto a infraccionar a los conductores de Uber, aplicando multas que llegan a costar hasta los 12 mil pesos.
“Carecer de holograma que tenga autorización para prestar servicio de transporte público” es la descripción que los agentes viales utilizan, de acuerdo con el artículo 175 del reglamento de Movilidad del Estado de Jalisco, para inmovilizar a los vehículos Uber.
La infracción no causa efecto, debido a la suspensión otorgada por un Juez federal a Uber. Foto: Vallarta Independiente.
Estas multas no proceden debido a que Uber cuenta con una suspensión provisional otorgada por un Juez Federal, la cual inhabilita temporalmente este reglamento en mención, no obstante, el Municipio, a través sus agentes de Tránsito, está incurriendo en una grave falta.
El acuerdo al que llegaron los taxistas con quienes conforman este consejo fue ese, reiniciar la ‘cacería’ de Uber, con el fin de evitar consecuencias viales y políticas, no obstante, esta postura poco beneficia a los usuarios, quienes a través de redes sociales explotan contra el servicio tradicional de transporte.
Este ‘hándicap’ de taxistas y Ayuntamiento contra la plataforma ya ha desatado bloqueos en la ciudad, los cuales se habían detenido de manera notoria, además de las agresiones físicas a las que ya llegaron conductores de ambas partes, sin que la autoridad intervenga.
Por su parte, tampoco han señales de que los mandos altos de esta aplicación estén intercediendo a favor de sus socios, hecho que ha generado malestar en quienes reciben golpes, insultos y daños a sus vehículos, ya que se sienten abandonados.
Todo parece indicar que para el alcalde vale más mantener tranquilo al gremio de transportistas, antes de consultar con la ciudadanía sobre sus preferencias, decisión que podría costarle con miras a sus intenciones de reelección en 2018.
