Según el diario, la infiltración se ha dado a través de un software
Redacción Vallarta Independiente. Utilizando recursos públicos por casi 80 millones de dólares, el gobierno mexicano habría utilizado un software para espiar a periodistas y activistas, reveló este lunes 19 de junio The New York Times (NYT). Los comunicadores que fueron víctimas, según el diario, son Carmen Aristegui y Carlos Loret de Mola.
La infiltración
Defensores de derechos humanos, periodistas y activistas anticorrupción en México han sido afectados por un programa de espionaje adquirido por el Gobierno de México, de acuerdo con el diario.
Entre los blancos del programa, señala el diario, se encuentran abogados que investigan la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, un economista que ayudó a redactar un proyecto de ley anticorrupción, dos periodistas mexicanos y una estadounidense que representa a víctimas de abusos sexuales cometidos por la policía.
“Desde 2011, al menos tres agencias federales mexicanas han gastado casi 80 millones de dólares en programas de espionaje de una empresa de origen israelí”, dice NYT.
Para criminales y terroristas
Se trata del software conocido como Pegasus, el cual se “infiltra en los smartphones y otros aparatos para monitorear cualquier detalle de la vida diaria de una persona por medio de su celular: llamadas, mensajes de texto, correos electrónicos, contactos y calendarios. Incluso puede utilizar el micrófono y la cámara de los teléfonos para realizar vigilancia; el teléfono de la persona vigilada se convierte en un micrófono oculto”, según el reportaje publicado.
Sin embargo, el programa sólo debería ser utilizado para investigar a criminales y terroristas. El fabricante del software, NSO Group, afirma que vende la herramienta de forma exclusiva a los gobiernos con la condición de que sólo sea utilizada para combatir a terroristas o grupos criminales y cárteles de droga.
Pese a ello, de acuerdo con decenas de mensajes examinados por NYT y analistas forenses independientes, el software ha sido utilizado para vigilar a algunas de las personas que han sido críticas al Gobierno, así como a sus familiares. (Con información de agencias)
