Luego de un par de semanas de que comenzó esta guerra entre los taxistas convencionales de Puerto Vallarta y la plataforma digital Uber es preciso realizar un breve recuento y definir la derrota anunciada para aquellos que día a día frente al volante (algunos desde hace más de 30 años) salen a las calles a trabajar en busca del sustento.

Una vez que Uber confirmó sus intenciones de ingresar a Puerto Vallarta, las reacciones de los taxistas comenzaron, pero lamentablemente para ellos de una manera errónea.

Primero.- El sindicalismo en México ha servido, al menos de unas décadas a la fecha, para empoderar a unos cuantos y a seguir explotando a los trabajadores. Es decir, que la cosa sigue igual que antes de que existieran estos organismos.

Segundo.- La moneda de cambio ha sido, es y será el trabajo de los sindicalizados, por lo cual la representatividad es casi nula y los beneficios pocos, al menos para los trabajadores. Dejemos en duda la de los dirigentes.

Tercero.- En el caso específico de los taxistas en Puerto Vallarta, la comunicación entre dirigentes y agremiados no es la más óptima, dado que existe la inconformidad de los trabajadores, quienes se sienten abandonados por sus representantes, quienes en busca de soluciones, siguen creyendo en las personas equivocadas.

A decir de Felipe Aréchiga Gómez, secretario general del Sindicato de Permisionarios de Taxistas del municipio de Puerto Vallarta, él y sus compañeros dirigentes, están esperanzados en el apoyo casi divino del gobernador Aristóteles Sandoval, a quien consideran que tiene poder absoluto del tema, pero la verdad no, pues ya ha demostrado que del asunto entre los taxistas y Uber, no está del todo enterado, o al menos sus asesores no le han actualizado como deben.

La semana pasada el mandatario estatal fue tajante a decir que Uber no operaría en Puerto Vallarta, pues no tenía permiso para ello. Lo peor del asunto es que no le habían avisado que desde el pasado 10 de mayo el Juzgado Segundo de Distrito en materia administrativa y especializado en competencia económica, radiodifusión y telecomunicaciones de la Ciudad de México, otorgó a Uber una suspensión provisional para poder operar en tanto la autoridad competente determina si puede o no seguir trabajando en los distintos puntos del país donde se han presentado inconformidades por su presencia.

A la par de esto, los dirigentes sindicales de taxistas, se esmeran en arrimarse a los árboles equivocados, a aquellos que tal vez les darán un poco de sombra, pero nunca el cobijo que de verdad requieren.

Sin demeritar sus alcances, pero que alguien explique qué competencia puede tener el alcalde Arturo Dávalos, el gobernador del estado Aristóteles Sandoval, el diputado local Ramón Guerrero y el diputado Rafael Yerena (actual dirigente estatal de la CTM en Jalisco) ante un tema que se está discutiendo en ámbitos por encima de ellos. Tal vez el legislador federal podría tener un poco de injerencia, haciendo un exhorto al Poder Judicial desde sus facultades como representante del Legislativo, pero ¿en realidad logrará algo?

Su alcance es casi similar (pero en este caso irrisorio), que el de Ramón Guerrero ‘Mochilas’, el diputado local que también ha sido partícipe de este embrollo, claro, siempre tratando de llevarse parte de la tajada política que bien le ayudaría en sus aspiraciones a la alcaldía del 2018.

En resumidas cuentas. A los pobres taxistas ‘de a pie’, o del volante en este caso específico, sólo los están engañando, les están dando falsas esperanzas. Uber no se irá de Puerto Vallarta ni de ninguno de los destinos del país donde ya opera. Las lagunas legales les favorecen y han sabido utilizarlas bien.

Así sea el alcalde, dirigente municipal o estatal de un sindicato, legisladores o el propio gobernador, no tienen alcance para el tema. Señores, ya dejen de engañar a los trabajadores que se empeñan en creer en ustedes y que en este caso en particular, son los más afectados.