El Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF) se ha convertido en el centro del caos al acumular ya 590 cuerpos humanos sin identificar
Jalisco ya no solo es ese estado en el que cientos de cadáveres son colocados en bolsas negras y apilados dentro de tráilers que circulan por las calles de la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG); es también esa entidad en la que las madres, desesperadas por encontrar a sus hijos, se ven obligadas a hacer labor de peritos investigadores, de ministerios públicos, y hasta de exhumadoras para recuperar los restos humanos de sus vástagos, ante la incapacidad de gobiernos que no atinan a resolver el grave problema de la identificación de cadáveres para entregarlos a los miles de familiares que buscan a sus seres queridos desaparecidos.
El Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF) se ha convertido en el centro del caos al acumular ya 590 cuerpos humanos sin identificar; su trabajo raya en lo inhumano y de ahí que ya haya recibido una recomendación por parte de la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ), y la advertencia de que se avecina una nueva crisis como la ocurrida con los llamados “tráilers de la muerte”, que ante la incapacidad física de su inmueble para resguardar los cadáveres hubo de contratar las cámaras frigoríficas de los tractocamiones.
De acuerdo al informe especial entregado por la Comisión, muy poco o nada, es lo que ha hecho el Gobierno de Enrique Alfaro Ramírez en este tema, toda vez que no se ha atacado debidamente el asunto desde las respectivas áreas que debieran resolver el destino de esos cuerpos, ya de por sí vulnerados en el proceso que les ha tocado en desgracia seguir.
En septiembre de 2018, a finales de la administración del gobernador Jorge Aristóteles Sandoval Díaz, Alfaro Ramírez fue una de las voces que con mayor rigor recriminó el hallazgo de los cientos de cadáveres de personas no identificadas que fueron encontrados en las dos cajas refrigeradoras de tractocamiones, pero los problemas de entonces a la fecha siguen siendo los mismos; incapacidad, negligencia, desinterés, y principalmente falta de resolución.
Entonces se dijo que había 444 cuerpos sin reconocer; sin embargo, la CEDHJ informó hace unos días que en total fueron 605 cuerpos los que permanecieron entre cinco meses y 3 años y medio en el IJCF.
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También por esos días, la CEDHJ se comprometió a dirigir una investigación a fondo y demandó a la autoridad hacer lo propio para que los responsables fuesen presentados ante la justicia en un caso que no debía quedar en la impunidad, pero hasta ahora no hay ningún responsable tras las rejas.
De esa investigación, a ocho meses de distancia, la defensoría pública entregó la recomendación 10/2019 y un informe especial, donde detalla una serie de irregularidades atribuibles principalmente al IJCF y a la Fiscalía Estatal; señala como el origen de la crisis a la falta de cuidado en las investigaciones ordenadas por agentes del Ministerio Público de la entonces Fiscalía General del Estado (FGE) para lograr la identificación de personas fallecidas y de personas fallecidas no reclamadas (PFNR).
Recrimina que los trabajos no se apegan a los estándares establecidos por los instrumentos internacionales, los protocolos y la jurisprudencia en la materia, lo que ha provocado en muchos casos, la desaparición de datos relacionados a fechas de ingreso, lugares de hallazgo y hasta el número de carpeta de investigación.
La CEDHJ también alerta sobre una nueva crisis por la acumulación de cuerpos, pero esta fue soslayada por el Coordinador del Gabinete de Seguridad, Macedonio Tamez Guajardo, quien más que minimizar recomendaciones debiese definir estrategias y acciones para evitar contar muertos.
En conclusión, la CEDHJ les dijo que deben hacer funcionar los órganos relacionados con los procesos ministeriales, de identificación, inhumación y búsqueda de personas, para que este tipo de hechos no vuelvan a repetirse.
La lectura que se hace del informe y la recomendación de la CEDHJ es que nada ha cambiado y mucho menos se ha corregido en el accionar de los funcionarios y autoridades de la administración pasada a los actuales; el número de cuerpos sin identificar en este momento es de 590, y en los hechos se sigue reflejando “una falta de respeto a la dignidad de las personas fallecidas” y se sigue vulnerando sus garantías fundamentales. (Con información de SDP Noticias)
