“El pueblo no se equivoca”, pero el alcalde sí traiciona

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“El pueblo no es tonto, no se equivoca”, dijo un regidor con respecto al verificentro, mientras Luis Michel daba el permiso provisional para que opere en Vallarta, sin ningún contratiempo.

“El pueblo es inteligente y sabe a dónde va esto, el pueblo no se equivoca, entonces, por favor, no comencemos a salir con cosas, tenemos que informarnos bien, si no hay una licencia todavía”, decía, enfurecido, el regidor josé Rodríguez González, mano derecha del alcalde Luis Alberto Michel Rodríguez, con respecto a la verificación.

El edil, notablemente molesto por la puesta en marcha del verificentro, utilizó las palabras del presidente municipal para ‘callar’ las voces en pro del taller, sin embargo, por la espalda, el propio alcalde le estaba propinando una puñalada motivada por la omisión.

Y es que los regidores de Puerto Vallarta, en este administración y en casi todas, son poco más que muebles decorativos, no informados, no involucrados en los asuntos de la gente y, por ende, cualquier declaración, aunque no esté sustentada, la adoptan como verdad absoluta para defender sus endebles posturas.

La traición del presidente se fraguó desde hace semanas, cuando decidieron otorgar el permiso para quitar 500 pesos a cada duelo de un vehículo en la ciudad y duele más, porque no se los dijo ni a los miembros de su cuerpo edilicio.

¿Por qué el regidor ‘Chato’ no sabía que la administración ya había entregado un permiso provisional? ¿Por qué el alcalde no lo dijo cuando le preguntaron sobre la licencia? ¿Por qué el resto de regidores no tenían conocimiento de un caso que supuestamente les preocupa?

Cuestionamientos válidos producto de una medida recaudatoria que afectará a los vallartenses, pero que les ha quedado más que grande a los ediles, cuya necesidad de los ‘5 minutos de fama’, se ha traducido en la comprobación de una mediocridad pocas veces vista.

El verificentro va, con el aval del gobernador Enrique Alfaro y del alcalde Luis Michel y ningún pataleo, por más público que se haga, podrá detenerlo, porque no hay capacidad en las autoridades, ni genuinas intenciones de ponerse en los zapatos del ciudadano.

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