Durante la presentación del paquete de reformas, el presidente Andrés Manuel López Obrador hizo hincapié en la importancia que tiene la reforma en materia de austeridad, debido a que la administración pública debe estar orientada a los intereses generales de la sociedad.

Para ello se propone:

Disponer el ajuste de la remuneración de las personas integrantes del Poder Judicial de la Federación para que se adecúen al límite máximo permitido respecto a la remuneración establecida para el Presidente de la República.
Especificar el monto máximo de la remuneración a la que tiene derecho el Presidente de la República.
Establecer que las remuneraciones y tabuladores deberán identificar de manera clara sus elementos fijos y variables, así como los montos equivalentes a cada concepto y los montos mensuales que correspondan.
Establecer que las remuneraciones que sean superiores a las del Presidente de la República deberán ajustarse.
Establecer el principio de austeridad republicana para que los recursos que disponga la Federación, las entidades federativas, los municipios y las alcaldías de la CDMX se administren conforme al servicio público.
Prohibir duplicidad de funciones en los entes públicos federales y locales, así como gastos superfluos tales como jubilaciones, pensiones y regímenes especiales de retiro.

Asimismo, en los artículos transitorios se establece que las remuneraciones de los servidores públicos que sean superiores a la del Presidente de la República, deberán ser ajustadas conforme a las nuevas disposiciones, independientemente de la fecha en que hayan iniciado sus cargos.

Cabe mencionar que en la exposición de motivos que presentó el Presidente, cuestiona las remuneraciones de los servidores públicos del Poder Judicial y de los organismos autónomos, pues el excedente ascendió a los 2 mil 264 mdp en 2023:

“Hasta 2023, a nivel federal, 2 mil 559 personas servidoras públicas perciben salarios cuyo monto excede el del Presidente de la República: 2 mil 377 del Poder Judicial de la Federación y 182 de cuatro organismos constitucionales autónomos (24 de la Comisión Federal de Competencia Económica, 25 del Instituto Federal de Telecomunicaciones, 128 del Instituto Nacional Electoral y cinco de Banco de México)”.