Un juez federal invalidó una política migratoria implementada durante la administración del presidente Donald Trump, la cual restringía el acceso de migrantes de decenas de países a diversos procesos legales en Estados Unidos.

La medida había sido adoptada tras la muerte de dos integrantes de la Guardia Nacional y establecía limitaciones que impedían a personas originarias de 39 países de África, Asia, América Latina y Oriente Medio avanzar en trámites como solicitudes de asilo, permisos de trabajo, residencia permanente y ciudadanía.

En su resolución, el juez determinó que la política colocó a miles de inmigrantes en una situación de incertidumbre jurídica, al suspender indefinidamente la atención de sus casos. Asimismo, concluyó que el Servicio de Ciudadanía e Inmigración actuó fuera del marco legal, al atribuirse facultades que no le corresponden y tomar decisiones sin la debida justificación.

El fallo también establece que las acciones de la autoridad migratoria fueron arbitrarias, al no considerar los derechos ni las expectativas legítimas de los solicitantes, además de basarse en argumentos que no cumplen con los estándares legales requeridos.

Organizaciones civiles señalaron que la resolución representa un precedente relevante en materia de derechos migratorios, al reafirmar que el gobierno federal no puede restringir vías legales de inmigración ni aplicar medidas discriminatorias basadas en el origen de las personas.

La política anulada había generado afectaciones a familias, trabajadores y solicitantes de asilo en todo el país, quienes permanecieron durante meses sin acceso a protección legal ni oportunidades para regularizar su situación migratoria.