A mediados del año pasado fue publicada la Ley de Fraccionamientos y Acciones de Urbanización en el Periódico Oficial del estado de Nayarit.
Esta ley daba atribuciones al Instituto de Planeación de Nayarit (Iplanay) para actuar como actor principal en la obtención de licencias de construcción. Sin embargo, la falta de claridad en las reglas generaba incertidumbre en los inversionistas.
El municipio de Bahía de Banderas interpuso una controversia constitucional contra el estado de Nayarit con el fin de invalidar algunas disposiciones en la Ley de Fraccionamientos y Acciones de Urbanización.
Fue así que el Pleno de la SCJN analizó dicha ley, por lo que este 11 de marzo, la SCJN emitió un comunicado donde reconoce la validez del proceso legislativo que les dio origen.
Asimismo se consideró que el dictamen de procedencia de fraccionamiento y la constancia de compatibilidad territorial que otorga el Instituto de Planeación del Estado de Nayarit (IPLANAY) invadían la competencia que la Constitución Federal establece para los municipios, al implicar la tramitación y obtención de dichos documentos sin considerar la opinión del municipio y sin que este pudiera manifestar alguna objeción.
También se tomó en cuenta que la prohibición de realizar cualquier acto de transmisión de esos terrenos, imposibilitaba el cumplimiento de las facultades del municipio y le negaba una intervención real y efectiva en materia de asentamientos humanos.
Al tratarse de disposiciones estatales impugnadas por un municipio, los efectos se limitarán a las partes que intervinieron en la controversia, es decir, sólo en Bahía de Banderas.
