La Coalición Sigamos Haciendo Historia denunció la compra de votos en Jalisco, acusando a la Secretaría de Asistencia Social del estado de pagar a ciudadanos para condicionar su voto. Señalan a Alfaro de intervenir a favor de Lemus.
A pocos días de las elecciones del 2 de junio, la Coalición Sigamos Haciendo Historia denunció una serie de delitos electorales cometidos en la Secretaría de Asistencia Social del Gobierno de Jalisco. Según la denuncia, se paga entre tres y cinco mil pesos a ciudadanos para condicionar su voto.
Leonel Cota, delegado del CEN de Morena en Jalisco, exigió al gobernador Enrique Alfaro Ramírez “sacar las manos del proceso” y ser congruente, recordando que él mismo denunció estas prácticas en 2018. Candelaria Ochoa, regidora de Guadalajara con licencia, interpuso la denuncia ante la Fiscalía Federal en Jalisco y la Fiscalía Especializada en Materia de Delitos Electorales.
Ochoa Ávalos detalló que la denuncia se dirige contra Fabiola Loya, secretaria del Sistema de Asistencia Social, y otros funcionarios de la misma área, acusados de participar en estos actos delictivos.
Salvador Caro, coordinador de la campaña de Claudia Delgadillo, corroboró públicamente la compra de votos tras visitar la Secretaría de Asistencia Social. Caro afirmó haber presenciado y documentado la entrega de dinero a ciudadanos para asegurar sus votos, presentando testimonios grabados en video como evidencia.
“Estoy profundamente indignado. Vengo de la Secretaría de Asistencia Social, particularmente de la Sub-Secretaría de Programas Sociales y vi la compra de voto por parte del gobierno y de Movimiento Ciudadano”, declaró Caro Cabrera.
Estos hechos, que ocurren abiertamente en una dependencia gubernamental, revelan la intervención del Gobierno de Jalisco en el proceso electoral para favorecer a los candidatos del partido Movimiento Ciudadano. Las denuncias se presentaron a tiempo, y se espera una pronta respuesta de las autoridades para garantizar la equidad en las elecciones. Según los artículos 7, 9 y 11 de la Ley Electoral y el 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, estos delitos ameritan prisión oficiosa.